Fosfoyesos, una dura prueba de fuego

Seguimos inmersos en el debate ‘laberinto’ medioambiental de la Punta del Sebo intentando unos y otros encontrar la primera puerta de salida correcta, tal y como ya hemos escrito en esta misma esquina de páginas de EL MUNDO HUELVA NOTICIAS desde hace varias semanas. Y ya hemos empezado a escuchar y leer alguna que otra tontería, que si el problema no fuera del calado social que es en realidad pues podríamos hasta perdonar o eludir pero que dada la trascendencia de lo que anda en juego pues, al menos nosotros, no vamos a pasar por alto ni perdonar nada. Porque vamos a ver si todos nos enteramos y hablamos claro, por favor: aquí no está en juego, en estos momentos, el futuro de la empresa Fertiberia ni los dineros del señor Villar Mir, su principal accionista; aquí está en juego, hablando en plata (como reza un programa que me gusta seguir de Radio 5), el futuro de muchas familias de trabajadores y trabajadoras onubenses que hoy cuentan mensualmente con el sueldo y la estabilidad que le genera la actividad industrial de Fertiberia en Huelva, así como de otras dos empresas que de manera indirecta se verían afectadas por la paralización de la actividad industrial si se corta el vertido de los dichosos fosfoyesos (que hasta hace unos años se lanzaban por los caños directamente a la ría y al mar) en la zona de las marismas. A lo mejor, y no lo sé con pruebas, la que sí podría salir beneficiada de esta situación era la misma Fertiberia porque deslocalizaba la producción hacia países con menos costes de producción en el apartado de personal. No lo sé, insisto, ni me atrevo a levantar una acusación de este calado, pero de lo que no hay duda es de que el cierre de la factoría de Huelva sí afecta de manera directa y real a varios cientos de familias. De eso sí que no tengo duda alguna.Con la tremenda responsabilidad de que hablamos, escribimos y actuamos, al referirnos a los fosfoyesos y la sentencia dictada, de cientos de familias onubenses debemos todos aproximarnos a la situación generada. Que los fosfoyesos nunca, a lo mejor, debieron estar tan cerca de la capital era una decisión que tiene fecha procesal de hace muchos años, cuando el actual equipo de gobierno municipal del PP aterrizaba en el Ayuntamiento con el pláceme de Izquierda Unida (que no quiso gobernar con los socialistas), allá por el año 95, y no tenía como tiene ahora una voluntad formada de los problemas de la ciudad. Pues sí, no discuto que a lo mejor ahora, si le preguntan al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que hubiera hecho cuando le pusieron el sí o no a la licencia como un ‘la bolsa o la vida’, su opinión sería otra y ya desde ese mismo momento Fertiberia hubiera tenido que optar por otras alternativas. Si embargo no fue así y hemos llegado al momento, insisto, procesal de que tenemos ante nosotros una sentencia judicial, no firme puesto que será recurrida en Casación, que ha instado la Dirección General de Costas gobernada por el PSOE. Por qué se ha llegado hasta este extremo del litigio y si se han valorado o no por la administración autonómica, competente en Empleo, su repercusión, es una pregunta que no acaban de contestar en público y no sabemos si en privado a Luciano Gómez, líder sindicalista inquieto y activista de UGT en el sector industrial, los gobernantes socialistas con competencias en el conflicto. La entrada en este debate ‘laberinto’ medioambiental de la Punta de Sebo, que seguimos con enorme atención desde hace varias semanas, está ahí varado, esperando. Está muy bien que desde la FOE y desde la Cámara de Comercio de Huelva se reclame, como hemos dejado nosotros escrito, que los primeros responsables del PSOE y del PP, Javier Barrero y Pedro Rodríguez, se sienten a hablar –porque le va a los dos en el sueldo público que cobran, oiga, que se les paga por ello a los dos desde el erario público- y que hablen y hablen mucho de cómo colaborar institucionalmente para sacar los grandes proyectos de la provincia de Huelva adelante. Y que tienen que hablar de este tema de los fosfoyesos, pues que también que hablen. ¡Faltaría más! Lo que ocurre es que el procedimiento que activa el problema medioambiental, social y, posiblemente, de planteamiento urbanístico futuro de un territorio hoy industrial lo activa, o lo activan, desde despachos en manos de gobernantes socialistas y convendría que supiéramos todos el por qué y con que salida al futuro laboral de cientos de familias trabajadoras. Ellas, y no Fertiberia, ni la FOE, ni la Cámara, ni AIQB, son las que necesitan una primera explicación y, sobre todo, una solución. Eso es gobernar y gobernar bien cuando, como le ocurre al todopoderoso partido socialista en Huelva, maneja todos los resortes de poder, todas las decisiones administrativas. Resulta difícil de explicar que se coloque una espoleta de este tipo, se haga estallar judicialmente y que ahora nadie salga a dar explicaciones. Y Luciano Gómez, su hombre ante la industria, buscando culpables a diestro y siniestro y contradiciendo el mensaje y las propuestas atrevidas, de cierre ordenado de fábricas, expuesto desde Comisiones Obreras. Juro que no entiendo nada. Es preciso, por tanto, mayor claridad, absoluta transparencia informativa y que cuanto antes, porque es su responsabilidad como gobernantes, que las Administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía nos digan hacía dónde nos quieren llevar. Desde luego, en esta primera fase del debate ‘laberinto’, no esperaba Pedro Rodríguez, desde el Ayuntamiento de Huelva, que fueran precisamente los socialistas – al entrar en el terreno movedizo de los fosfoyesos- los que le fueran iluminando el tortuoso e incierto camino en el que se había encerrado él, él solito y en campaña electoral, movido y asustado por las voces contadas de la doble Mesa de la Ría que aún subsiste.

Petronila, lo que se da no se quita

«Petronila, lo que se da no se quita». Algo así debe estar pensando todavía la comunidad universitaria onubense desde que escuchó a la nueva y flamante presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, convertir en el eje principal de su discurso de toma de posesión la recuperación de edificio de La Merced, hoy sede de tres titulaciones académicas y uno de los centros más emblemáticos de la ansiada Universidad de Huelva. Además, Petronila Guerrero se fue a decir tal cosa al mismo patio central de La Merced ya que quiso, tal vez porque quería tomar posesión también simbólica de él desde ese mismo momento, que la constitución de la nueva Corporación salida del 27-M y su investidura como presidenta se trasladaran desde la sede central del organismo provincial, en la Gran Vía, un lugar mucho más acondicionado para este tipo de actos, al histórico monumento de La Merced. El rector, Francisco José Martínez López, y su junta de gobierno guardan un prudente silencio, porque conocen bien los acuerdos de cesión por muchos años que están firmados y no es cuestión de debatir en público lo que tan amarrado y sellado está.
Ahora bien, desde el lado político, no entiendo muy bien el silencio del resto de los grupos presentes en la nueva Corporación Provincial ante una reclamación de este magnitud –no sé muy bien si caprichosa o necesaria– que le hace la Diputación a la Universidad, una Universidad que anda todavía, como quien dice, dando sus primeros pasos y a la que le quedan por pagar muchos millones de euros de inversión por los centros construidos y que todavía necesita modernizar y edificar nuevas instalaciones para desarrollar su actividad académica. ¿Imaginan ustedes que quien hace esta reclamación, con tan magna tacañería como desparpajo, fuera el alcalde de Huelva? Los gritos de Manuela Parralo –le recuerdo a los socialistas lo dicho en campaña: su éxito o fracaso era de todos, no sólo de ella, por lo que convendría que no le apretaran más porque se irá cuando ella lo crea conveniente, no cuando se le intente acorralar como política y, quizás también, como mujer– de la misma Petronila Guerrero y no digamos de Javier Barrero y su guardián pretoriano, Mario Jiménez, se escucharían hasta más allá de Despeñaperros, reclamando al mismísimo PP que diera el cese a Pedro Rodríguez por estar en contra, ni más ni menos, que de la Universidad de Huelva. Pues nada, Petronila Guerrero, como presidenta de la Diputación, le quiere quitar a la Universidad uno de sus edificios más importantes, en el que se imparten clases a miles de alumnos, y aquí la oposición ni se inmuta; todavía hay quien hasta le ríe la gracia y le coloca un puente de plata para ver si lo logra durante su mandato. Como si de esto se tratase gobernar, quitar lo que se ha dado para que Huelva pudiera contar a la mayor rapidez con unos centros universitarios de primer nivel.
MRepaso, por otra parte, la justificación de tal petición y no encuentro motivo por ningún lado, máxime cuando el organismo provincial es una de las administraciones más boyantes de Huelva, a juzgar por como juega con los dineros públicos colocando a asesores por doquier a razón de 40.000 euros de media. La misma crisis socialista sucesoria de Cartaya –Millán, que el otro día andaba por el hospital Infanta Elena, no debe estar muy contento de este ‘navajeo’ político después de la obra política que ha hecho durante tantos años en su pueblo– se quería despachar hace unos días al secretario local de la agrupación socialista, Juan Miguel Polo (para comparar su rango en el ámbito local es similar al de Barrero como secretario provincial del PSOE) para que le dejara libre el camino al ambicioso Miguel Novoa (el de los 44 cambios de normas subsidiarias sin pasar por hacer un nuevo PGOU, que ya es caradura la cosa en el plano de la normativa urbanística) con un sueldo como asesor en la Diputación Provincial. Lo mismo tiene prometido y, no sé si ya cumplido, el ex alcalde de Ayamonte, Rafael González, y posiblemente todos los pocos –menos mal que esta vez son pocos porque los socialistas se lo han llevado todo en la provincia– portavoces del PSOE que hayan quedado como oposición municipal en los ayuntamientos gobernados por otras fuerzas políticas. Me decía hace unos meses un funcionario de la Diputación que en su departamento llegaban todos los meses cajas de nóminas que nadie abría y que pasados los meses los conserjes se encargaban de tirar. Me imagino que como muchos asesores de 40.000 euros/año, cobraban vía transferencia pues ni se desplazaban de sus pueblos para venir a la Diputación a recoger la nómina cada mes. Con este panorama, con lo que sabemos todos que se ha convertido el organismo provincial en estos años, ¿cómo se puede iniciar un mandato, querida Petronila, queriéndole quitar a la Universidad de Huelva lo que se le ha dado? ¿Para colocar en este edificio a más funcionarios nombrados a dedo? ¿Para qué entonces? ¿Tan poca importancia le damos a las necesidades de la Universidad de Huelva? ¿Se le ha preguntado acaso al rector, antes de un pronunciamiento reivindicativo tan categórico, si hacía ya falta o no el edificio de La Merced? Porque lo que se da no se quita, y menos de estas maneras tan injustificadas como innecesarias. Pero, claro, con oposición tan blanda como la tenida hasta ahora en la Diputación todo es posible y mucho más que nos queda por ver y escuchar en cuanto se firmen los ‘convenios’ publicitarios, ahora reclamados, que le quitaron a algunos para dárselos a otros de cara a la campaña electoral.

Viñedos del Condado ante la reforma de la OCM

Se quiera o no, en menos de un año, año entrará en vigor la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del Vino planteada por la Comisión Europea y ésta tendrá una enorme repercusión socio-económica y hasta medioambiental en la zona del Condado de Huelva, donde todavía hay cinco mil hectáreas de viñedos que conviven, muchos de ellos por el método tradicional y sin adaptarse a las nuevas formas de plantación, con otros cultivos con mayor nivel de rentabilidad (caso de la fresa). Es verdad que la reestructuración ya se hizo años atrás y que los viticultores que quedan, entre cooperativistas y empresarios independientes unos 2.500, tienen mayor implicación en los nuevos métodos de producción y se ha trabajado, en especial desde el lado cooperativo, en mejorar mucho al sector con la acertada acción comercial de la propia Denominación de Origen Condado de Huelva que preside un buen conocedor de este mundo como es Manuel Infantes.
Sin embargo nadie puede estar tranquilo ante lo que se avecina cuando la reforma hace una apuesta por la liberalización (en unos años los derechos de plantación, que hoy se cotizan en torno a los 2400 euros por hectáreas, no valdrán nada), el arranque de los viñedos con subvenciones que en el primer años podrían superar los 7.000 euros por hectáreas y se van a suprimir también las ayudas a la destilación del vino de alcohol en boca y el mosto. Además se van a flexibilizar las normas de crianza y quedarán establecidas nuevas clasificaciones para el vino: los comunes, con indicación geográfica protegida y, finalmente, con Denominación de Origen Protegida. Unas propuestas de este calado, teniendo en cuenta que la zona de viñedos del Condado no está enmarcada, precisamente, en el modelo de viticultura por la que apuesta la reforma, vinos de alta calidad que compitan con marca en un mercado totalmente liberalizado, es para preocupar muy seriamente puesto que puede llevarse de golpe todo un modelo socioeconómico de desarrollo en el Condado, de ahí que desde la misma Denominación de Origen y la Fundación Doñana 21 se trabaja ya en algo así como una declaración de cultivo a proteger en torno al propio Parque Nacional de Doñana.
Cuando llegan este tipo de reformas, que además llevan aparejadas dotaciones económicas para que se puedan acometer, siempre hay que bajar a analizar el interés último del viticultor, del que trabaja la tierra durante todo un año y hace número al final para ver si le compensan a o no los resultados obtenidos, un análisis legítimo en cualquier modelo económico empresarial no subvencionado y sometido a las pérdidas y ganancias de una cuenta de explotación. En este sentido, la rentabilidad por kilo de uva producida cada cosecha para los viticultores es bajísima en el Condado si la comparamos con otras zonas del país y menos mal que, como mínimo, con la actividad cooperativista se tiene asegurado que la producción no se queda en los viñedos, como por ejemplo ha pasado estos años en los campos onubenses con la naranja y empieza a pasar con las sandías. A mí, cuando he empezado a conocer y profundizar en este sector, me ha llamado poderosamente la atención que el kilo de uva se venga pagando a 0,18 céntimos media año (unas 30 pesetas) y que en zona como las del Priorato, en Tarragona, se alcance casi los 2 euros (unas 360 pesetas). Es verdad que allí se prima mucho la calidad del racimo y en el Condado, porque ha sido durante años, se sigue trabajando la cantidad de racimos por cepas y con ello se vende al peso. Pero es que aquí radica, al parecer, el objetivo de la reforma, bajar en cantidad y subir en calidad de los caldos europeos para que puedan competir en los mercados internacionales con los florecientes vinos australianos, surafricanos, chilenos o argentinos, muchas de cuyas marcas ya habrá degustado usted mismo en algún que otro restaurante a unos precios no muy elevados en razón a la calidad ofrecida.Estamos ante una reforma, por tanto, muy seria que coge al Condado de Huelva en una fase de transición en su modelo de producción, que no es tan primitivo como el de años atrás y donde se ha echado mucho dinero en la comercialización de los vinos para que no queden tantos excedentes, pero que ataca de manera directa una cultura empresarial no preparada para competir con marcas propias y prestigiadas en un mercado liberalizado. No sé cuánto le queda a Isaías Pérez Saldaña al frente de la Consejería de Agricultura –en los mentideros políticos se rumorea que Manuel Chaves hará cambios en su Gobierno de manera inminente- y es de todos conocidos que la Denominación de Origen del Condado de Huelva ha sido una de las más apoyadas durante su mandato con fuertes inyecciones de dinero para promoción de sus vinos. En los tiempos que vienen seguir contando con un político de Huelva comprometido en una Consejería que puede ser clave en esta reforma del Vino que llegará, que llegará de manera inevitable, tendría que ser una prioridad para los dirigentes socialistas porque el futuro de toda una comarca está en juego y no son estas unas palabras escritas a la ligera para cerrar un articulo. Y mi impresión es que estamos muy pocos preparados para lo que se nos viene encima.

Pretemporada de los populares en Huelva

Más por el buen clima y nuestras excelencias gastronómicas que como premio a unos resultados electorales, la dirección nacional de los populares ha elegido el litoral onubense, concretamente Islantilla, para acoger la Escuela de Verano nacional que todos los años celebra esta formación. No es del nivel de la FAES, que convoca Aznar y sus ideólogos en Madrid, pero esta cita es así como la pretemporada –en términos futbolísticos- que hace todo el equipo directivo de Mariano Rajoy de cara al próximo curso político, curso político que cierra la legislatura y que entremedio, nada más y nada menos, tiene que afrontar las elecciones generales y andaluzas. Se trata, pues, de una cita política importante y es de agradecer a los populares que se hayan acordado de Huelva en esta ocasión porque esta semana que entra vamos a entrar mucho en los informativos nacionales y las declaraciones del mismo Rajoy, este jueves, y las del secretario general, Acebes, el próximo sábado, circularán en estos días ‘vendiendo’, a la vez, quiera que no, la provincia de Huelva y sus playas como destino turístico.
No sé si entre medio de cuestiones programáticas de ámbito nacional, que es el motivo de esta concentración popular, los dirigentes de este partido van a hacer un repaso a la situación de su partido en el modesto esquema provincial. La verdad es que Huelva, de cara a unas elecciones nacionales, no debe ser provincia preferente o de prioridad uno porque desde hace años sale clavado el mismo reparto de diputados para uno y otro partido, 3 para los socialistas y dos para los populares. Las diferencias en votos globales son tan inmensas que se da ni como posibilidad remota que los populares puedan rebasar, aunque sea por un solo voto, a los socialistas en este cómputo provincial y llevarse el tercer diputado. Igual ocurre en el Senado, que tiene el 3-1 como cifra histórica y también inamovible, tres para el PSOE y uno para el PP. Donde si hay margen y escaños por recuperar es en el reparto de los parlamentarios andaluces, ya que el resultado del 2004 fue tan desastroso para el PP, sólo tres de once, que lo lógico y natural es que se trabaje en la provincia con visión, al menos, de recuperar el que logró milagrosamente el PA de Miguel Romero, porque menos ya, como dicen en los mercados, no se ‘despacha’.
Ayer leía con suma atención el comentario semanal de un ilustre periodista sevillano en el que sentenciaba de manera categórica que las elecciones autonómicas del 2008 eran la última oportunidad para Arenas como político. Si fuera así, que todo indica que puede y debe ser después de tres intentos fallidos y dos tutelando desde Madrid los destinos de la candidata Teófila Martínez, un resultado en la provincia de Huelva de siete escaños para los socialistas y tan sólo cuatro para los populares adelantaría el fracaso definitivo de la opción Arenas en el seno de los populares y la necesidad obligada de abrir el melón para que surja de manera natural un nuevo liderazgo en Andalucía. Las cosas en cuanto a resultados probables no debe ir muy descaminada, pese a la encuesta que los mismos populares filtran estos días, dando como posible la pérdida de la mayoría absoluta de Chaves y la práctica desaparición de los andalucistas del mapa político, cuando el segundo hombre de poder orgánico de los socialistas en Huelva, el controvertido y polémico Mario Jiménez, se mostraba ayer preocupado en entrevista que le hacía por la ausencia de alternativa en muchos pueblos y comarcas de la provincia, palabras que me hacían recordar las mismas que Javier Barrero me expresaba en el año 2004 siendo yo director ejerciente de de periódico con capacidad de influencia y que luego, en el mismo sentido, trasmití a Arenas cuando en ese mismo año recibía el mandato de Aznar de renovar las anquilosadas estructuras del PP en toda la región. Un año después ese deseo de renovar el banquillo, de incorporar nuevas personas al proyecto político de Arenas y de Aznar, culminaron con el fichaje sorpresa del entonces independiente Pedro Rodríguez como cabeza de cartel de los populares a la alcaldía de Huelva con los buenos resultados, al menos en la capital, por todos conocidos.
En el Javier Arenas de este 2007 –es verdad que los años no pasan en balde- echo en falta ese impulso creativo y arriesgado del 2004 y, sobre todo, que conociendo como conoce lo que da de sí las estructuras existentes o inexistentes y mucho de su equipo directivo actual, no se atreva, siendo como parece que es su última oportunidad, a mover el banquillo ni revolucionar las alineaciones, a modo de los entrenadores cuando reciben el ultimátum previo al cese. Parece preso del esquema de poder configurado por quienes le guardaron el cortijo mientras él permanecía en Madrid y con ellos, por lo visto, quieren terminar en Andalucía su vida política. Mario Jiménez, con sus declaraciones de ayer, me devolvía al año 2004, a la situación lastimosa de los populares en la provincia de Huelva, y es que esa es la pura verdad. El retroceso es tan evidente que sólo un ciego o un ensimismado ególatra pueden negarse a admitirlo. Después de lo mucho que se logró en el 2003, que debió de obtenerse ya en el 1999, no entiendo a qué espera Arenas para anunciar cambios profundos en la estructura del PP antes de precipitarse al vacío en la convocatoria próxima de marzo del 2008. Y ya no me refiero a Huelva sólo sino también a otras provincias andaluzas, y en especial la de Sevilla. Hablar de esto, aunque fuera en los pasillos, podría ser el mejor y más práctico ejercicio de esta cumbre popular en Huelva. A nosotros nos cabe la tranquilidad de escribir en conciencia lo que otros piensan pero se callan en público.

Fosfoyesos, primera puerta del laberinto

Escribía hace unos domingos de que alguien se había empeñado en abrir de nuevo el debate medioambiental en la capital, con la recuperación de la Avenida Federico de Montenegro de por medio, y que éste es un debate ‘laberinto’, que se sabe cómo se entra pero que nadie sabe cómo se saldrá de él. La sentencia de la Audiencia Nacional dando la razón a la Dirección General de Costas sobre la caducidad de las balsas de fosfoyesos en la marisma próxima a la ciudad (cosa previsible, por otra parte, al tratarse de una concesión administrativa con fecha de caducidad) nos ha abierto de par en par la primera puerta en la casilla de este debate ‘laberinto’. Casi todas las piezas están colocadas en el tablero ya que hasta los variopintos y diversos miembros de la inicial Mesa de la Ría se han situado en el escenario, si bien con dos protagonismos distintos y ya veremos si también con ello con dos posicionamientos distintos. Ha entrado en escena Luciano Gómez, por UGT, como no podía ser menos, y por obligación ha tenido que empezar a hablar el máximo representante de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas, Gerardo Rojas. Y como es lógico y natural ha entrado la inquietud en el seno de miles de familias de los trabajadores de las empresas afectadas porque entra dentro de lo normal y previsible que todos piensen que esta decisión judicial puede tener un efecto directo en la continuidad de sus puestos de trabajo al afectar al proceso productivo de varias empresas del sector químico, a algunas de manera directa y que están ubicadas en la Punta del Sebo y a otras de manera indirecta, pero con daños colaterales, al tener que desviar ahora su esquema de salida de los subproductos generados, que están situadas en la parte industrial del Polígono de Palos de la Frontera. Estamos, pues, ante un tema envenenado, complicado y serio, muy serio, que afecta a miles de trabajadores y ante el cual lo primero que se tiene que solicitar de todos los agentes que por obligación o por oportunidad política y social vayan a intervenir en este debate ‘laberinto’ es el que lo hagan con un alto grado de responsabilidad y sin que tengamos que escuchar muchas tonterías.
Por imperativo legal, y siguiendo el transcurso del procedimiento, la pelota está ahora en manos de la empresa Fertiberia y de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, o lo que es lo mismo, un estamento administrativo gobernando por el PSOE, principal partido en la provincia de Huelva. Su voz, por tanto, se tiene que hacer notar y de la misma manera las soluciones posibles porque entra dentro de sus tareas de gobierno, bien por sea por la Administración Central, bien sea por la Autonómica. Fertiberia, por su parte, acudirá a instancias superiores judiciales pero no podrá obviar contestar a sus trabajadores con las medidas alternativas que piensa adoptar para seguir con la producción en las fábricas de Huelva. Y Costas, que ha actuado sin ningún tipo de contemplación para prolongar la autorización (y eso que se venía hablando que existían negociaciones en el Ministerio con la presencia, incluso, de los grupos ecologistas que van de la mano de los socialistas) deberá pronunciarse por los plazos extraordinarios que otorgará a o no a partir de ahora a la empresa para que ésta pueda reaccionar. Y en medio del procedimiento legal, encauzado por las puras decisiones judiciales, tenemos de cara ya el debate social, el debate mediático y casi con toda seguridad el debate político. Ya lo estamos viendo en los medios de comunicación que la temperatura informativa aumenta casi con la misma intensidad que las clásicas olas de calor de los meses de julio en estos últimos años.
Aunque no sé por dónde se saldrá en esta primera puerta del debate ‘laberinto’, sí tengo bastante confianza en quienes considero que van a tener que jugar un papel muy importante en esta etapa de incertidumbre en la que entramos. Me refiero a los miembros de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, más conocida como AIQB, porque llevan años preparándose para esto y cuentan en la Presidencia como Gerardo Rojas, una persona con un profundo conocimiento de la problemática, desde todos sus ángulos y de todas las perspectivas posibles, y con capacidad más que acreditada para liderar las posiciones de un sector económico tan importante en el ámbito público y de interlocución. AIQB como asociación se constituyó hace muchos años y con sus altibajos, como toda obra humana, ha sabido representar en cada momento los intereses del sector sin generar divorcios ni distanciamientos con la sociedad onubense, a la que se ha acercado en sus más diversas facetas desde el patrocinio de actividades diversas. Le toca un papel destacado en los momentos que vienen y estamos convencidos, porque el problema era conocido, que estará bien posicionada para encontrar, junto a otros agentes, esa primera puerta correcta en esta primera etapa del largo ‘laberinto’ que aún nos queda por atravesar en los años venideros en la ciudad de Huelva. Dosis, pues, de mucha sensatez, serenidad y mesura porque entramos en tiempos convulsos, complejos y difíciles. Espero que de la legislatura del ‘tripuente’, que parecía ser quien concentraría todas las atenciones, no pasemos a la legislatura del futuro de la industria en Huelva y de sus puestos muchos puestos de trabajo que genera y mantiene. Porque vaya la que se pueda terminar liando.

¿Va en serio lo de la nueva Catedral?

En más de una ocasión he escuchado y leído lo de la construcción de una nueva Catedral para Huelva en los muchos miles de metros cuadrados que tiene el Ayuntamiento de la capital a sus disposición, como suelo dotacional, en la zona futura del Ensanche Sur. La idea, de entrada, es buena; no buena, sino buenísima. Para qué le voy a decir lo contrario. Ocurre, sin embargo, que en esta Huelva nuestra se hablan y se escriben de tantas cosas, que si el aeropuerto (del que ya hemos comentado), que si la nueva estación del AVE, ‘etece’, ‘etece’, que uno como luego no acaba viendo hacer realidad nada, pues ya tiene sus dudas en todo aquello que muchas veces se propone, que no tiene claro si es algo virtual, de sueño, de cuento de hadas, o algo real que pueda cristalizar.
El alcalde de Huelva y el nuevo obispo de la Diócesis, tras su primer encuentro, nada más tomar el segundo posesión del cargo, expusieron la posibilidad de acometer en firme el proyecto. Como decía antes, el Ayuntamiento tiene la fortuna de contar en el desarrollo urbanístico futuro del Ensanche Sur de terrenos más que suficientes para completar esos espacios y monumentales de los que la capital carece. Se ha hablado también de un Palacio de Congresos o Palacio de la Opera e, incluso, de un Museo del Fútbol, por aquello del decanato del Recreativo, amén de las futuras instalaciones del Club de Tenis y, posiblemente, colegios públicos y centros asistenciales. La idea de construir una nueva Catedral, la gran Catedral de Huelva, adaptada a los nuevos diseños arquitectónicos del siglo XXI la considero como uno de los elementos principales, desde el plano dotacional, que pueda dar personalidad a este inmenso desarrollo urbano que supone casi el 25% del actual territorio de la capital. Una idea positiva sobre la que deberían reunirse amplios consensos políticos, sociales y, por supuesto, eclesiásticos. Ahora bien, ¿una obra de estas características, que además marque con su diseño el nuevo espacio de esta nueva Huelva, que irá surgiendo, cuando caiga el muro de la Avenida Italia –tal como le ocurrió a la Sevilla de la Expo 92 cuando derribaron el muro torneo- es algo posible de lograr o no? Esa es la pregunta que sí debemos empezar a contestar cuanto antes si queremos ver hecho esto una realidad. Ya que existe suelo, el alcalde de Huelva de Huelva lo ha prometido, pero el dinero, el dinero para levantarla, ¿dónde está?, ¿de dónde va a salir?
Soy de los que piensan que la sociedad onubense más dinámica, vitalista y emprendedora se ha concentrado desde la década de los 80 en torno al mundo de la religiosidad popular, de las hermandades, sean de penitencia o de gloria. Aquí creo que está la fuerza capaz de aunar esfuerzos y encontrar recursos para poder acometer un proyecto tan ambicioso desde el punto de vista económico como es la construcción de una Catedral. Las administraciones y la misma Iglesia tendrán que aportar lo suyo pero en el seno de la sociedad civil, de la sociedad civil comprometida con la doctrina católica radica el punto de apoyo principal que haga posible este proyecto. Creo que hay fuerza más que suficiente, imaginación y entrega para poner en pie la idea, siempre y cuando tanto el alcalde de Huelva como el mismo obispo de la diócesis plasmen en documento oficial, y no con meras declaraciones de buenos propósitos como hasta ahora han hecho, que la nueva Catedral se quiere hacer.
Los grandes retos, y éste lo es, requieren tiempo y mucha planificación. Y en Huelva, entre palabrerías y declaraciones muchas veces vacías de contenido y carentes de método de trabajo, se tiene la experiencia de que cuesta a veces más impulsar una idea que convertirla en realidad. Hacer de la nueva Catedral un proyecto colectivo, del dinámico fenómeno de la religiosidad popular en sintonía con oficialidad municipal y con la autoridad eclesiástica, sería en si mismo ya un éxito monumental desde plano humano porque aunaría muchas voluntades y Huelva, como ciudad, tendría ante sí levantar en común, con el trabajo de todos, un símbolo de fe y una identidad más como capital de la provincia. La pelota está en el tejado del alcalde de Huelva y del obispo de la Diócesis y son ellos nada más que ellos, quienes tienen que poner en marcha este movimiento ciudadano en pro de la nueva Catedral. Insisto: hay suelo, es una maravillosa idea y Huelva sigue demandando monumentalidad que la complemente como gran ciudad. Además esta iniciativa encontrará eco de inmediato en la sociedad civil porque en el mundo religioso están, sin duda, los mejores recursos humanos de la nueva Huelva de hoy. No desaprovechemos las ideas brillantes ni perdamos más el tiempo en hablar de pasada, como si no tuviera trascendencia esto de construir ni más ni menos que una Catedral, porque luego cuando la veamos levantar mucho escribirán y se vanagloriarán de lo que la Hueva del siglo XXI fue capaz también de hacer y pongámonos, en forma de Comisión Pro catedral de Huelva, a trabajar ya. Yo me apunto. ¿Y usted?

La obligada lealtad institucional

A falta de las mancomunidades y empresas públicas (todas ellas también en manos del control más absoluto del PSOE), y después de la constitución formal este pasado viernes de la Diputación Provincial, la vida municipal resultante del 27 de mayo ha quedado plenamente normalizada. Toca, ahora, gobernar; gobernar bien pero, a la vez, gobernar para todos. Esta frase, que habremos escuchado mucho en tiempos de campaña, resulta muy bonita de pronunciar y de citar en boca de todos los políticos y la verdad es que cuando se analizan situaciones reales vividas en anteriores legislaturas se llega a la conclusión de que la visión partidista, la concesión de una sociedad dividida entre los que me apoyan y los que no me apoyan, entre los alcaldes que son míos y los que no lo son, están a la orden del día. Recuerda a la España de los liberales y conservadores, que entraban unos y salían otros en medio de un país cada vez más dividido y enfrentado, que terminó como terminó en la década de los 30 del siglo XX.
En campaña electoral existen diferencias partidistas y todos los candidatos están legitimados para luchar por el voto. Pasado este periodo, y en la vida municipal ya ha pasado, todos los que asumen tareas de gobierno en las distintas administraciones tienen la obligación constitucional de tratar a todos por igual, a todos los ciudadanos, a todos los pueblos y a todos sus alcaldes. Esto convencido de que mucha de la pasividad ciudadana a la hora de acudir a las urnas tiene mucho que ver con la concepción cada vez más partidista, más sectaria, más discriminatoria que se exhiban desde muchos despachos oficiales. Vamos, que cuando llegan el ciudadano de turno, la empresa de turno o el alcalde de un pueblo, se le hace la ficha, si es amigo o enemigo, y a partir de ahí se adoptan las decisiones o se tramitan con mayor o menor celeridad, con mayor o menor éxito, el expediente. O todo un Plan General de Ordenación Urbana.
Viene esta larga introducción de conceptos a justificar mi análisis posterior. Hay quienes en el seno del PSOE de Huelva todavía no se explican el por qué del resultado electoral tan pobre obtenido en la capital si lo comparamos con el esfuerzo económico realizado, derroches de medios puestos a disposición de la candidata Manuela Parralo y armazón mediático montado a prisa y corriendo para darle cobertura, cuando según muchos dirigentes socialistas el candidato y alcalde popular, Pedro Rodríguez, tiene carencias como político de ‘libro’. Yo soy de los que piensan que el gran problema de los socialistas en la capital no estriba tanto en el candidato/a que se ponga en cada ocasión como en la percepción existente en la ciudadanía en general, desde el año 99, cuando la radical oposición del PSOE a la salvación del Recreativo de Huelva, de que los dirigentes socialistas de la provincia actúan en contra de los intereses de la capital. Que no se trata a los ciudadanos por igual, que se discrimina a los onubenses por el simple hecho de haber votado en libertad a favor de un determinado candidato. Miremos, sino, la estrategia de oposición sistemática del Grupo Municipal Socialista durante los últimos años, acudiendo un día sí y otro también a los Tribunales para paralizar las decisiones municipales, muchas veces con perjuicio directo a ciudadanos o empresas con nombres y apellidos. O el trato dado durante ocho años a toda la barriada de Isla Chica, paralizando el adecentamiento y modernización de los terrenos del viejo Estadio, ocho años a los que si sumamos los dos o tres que se tardarán en verse hecho realidad el nuevo proyecto urbanístico, nos lleva a sumar casi doce años de tardanza en algo tan vital para miles de onubenses y que se ha estado zancadilleando desde la Administración autonómica socialista, principalmente, porque venía de la mano de una Administración local gobernada por los populares. Doce años son muchos en la vida de una ciudad, son varias generaciones de onubenses las que se han visto perjudicada por esta ausencia de lealtad y colaboración institucional. Y eso es inadmisible, intolerable y como decía antes, en la introducción, anticonstitucional, pero sobre todo es una forma de concebir y hacer política que lo único que logra es el rechazo ciudadano a todo el mundo político. Las diferencias ideológicas crean adversarios, no enemigos. El sistema de partidos políticos para la representación soberana del pueblo no es sectarismo ni discriminación llevado hasta el extremo de dividir la sociedad todos los días y a todas las horas. La transición enseñó muchas cosas a muchos de los que la vivimos, la más importante para mí: que existen matices, que es necesaria la pluralidad, la tolerancia y el diálogo, tanto entre las personas con diferente visión de la realidad y cómo acometer programas de gobierno, como también el diálogo entre partidos políticos e instituciones. Javier Barrero, como secretario general del PSOE, y Pedro Rodríguez, como presidente del PP, por poner un ejemplo, no pueden llegar a los sitios como si no se conocieran de nada y negando la existencia pública el uno al otro. Nuestra sociedad pide que se hablen y que se acometan los proyectos públicos con visión de conjunto y como de interés general que son. Mal vamos a ir en los próximos años como no se corrija este gravísimo defecto y vicio que muestra de manera alarmante nuestro sistema democrático. A nosotros, aunque sólo sea desde la esquina de la hoja impresa de un periódico, nos toca de momento denunciarlo. Lealtad institucional y gobierno, de verdad, para todos, a todos los ayuntamientos un trato por igual y que todos los alcaldes –sean del color que sean- ante las administraciones, empezando por la Diputación (estimada Petronila Guerrero), no tengan color político ni preferencias partidistas. Tan difícil no es, sólo ser y llanamente un buen demócrata antes que un buen socialista o popular. En clave orgánica, un hombre/mujer de partido y del partido.