Tiempos en Huelva de mucha confusión e incertidumbres

Decía hace unos días el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en el transcurso de la presentación de un libro, que en España se “viven tiempos de deslealtades”. Yo me atrevería a decir, en clave local, que en “Huelva se viven tiempos de confusión” y que esta enorme confusión dibuja un futuro incierto y con mucha oscuridad en el horizonte. Cada día que pasa entiendo menos determinadas actitudes y hecho en falta esa capacidad de liderazgo social y político que pueda agrupar voluntades y agrupar esfuerzos. Porque ya se ha comunicado el cierre de la planta de Fertiberia en Palos de la Frontera, justificada según la empresa por el elevado precio del gas natural, y es casi seguro que en unos meses se tendrá que parar la actividad productiva en la otra planta de esta misma compañía en la Punta del Sebo, en cumplimiento de la sentencia de los fosfoyesos que impulsada por la Dirección General de Costas en manos del Gobierno socialista impide más vertidos en las marismas, y eso provocará, como también ha anunciado oportunamente la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB), un efecto dominó en torno al futuro de Rhodia y Foret y no vemos que las administraciones con responsabilidad directa sobre el empleo y la industria, las dos gobernadas por el PSOE, la Central y Autonómicas hayan puesto encima de la mesa a los agentes sociales y empresariales ninguna alternativa. Y eso que el mes de septiembre del 2007, en comparación con el mismo mes del año anterior, arroja un incremento de más de un 10% en el número de desempleados, cifras que se han intentado solapar, para engañar con alevosía y premeditación, con los datos del mes de agosto y no, como tendría que ser, con el mismo mes pero del año anterior.
A finales de agosto, en la esquina de esta página que EL MUNDO Huelva Noticias me concede los domingos y lunes de cada semana, escribía, ante el panorama económico que la economía doméstica había adelantado este verano, que había llegado el momento de los agentes sociales y empresariales. Y sigo a estas alturas esperando una respuesta común de todos ellos y no tan sólo la voz solitaria del presidente de la FOE y de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce, o de el de AIQB, Gerardo Rojas, pronosticando que un “buen bocado de la industria onubense corre cierto peligro de desaparecer”. UGT, y no sólo por la voz ya cansina de Luciano Gómez, tiene que definir sus posiciones y reclamar con mayor valentía una posición más activa de las administraciones en manos socialistas porque no estamos, como ellos lo quieren plantear en una discusión entre PSOE y PP sobre el planeamiento urbanístico de la Punta del Sebo, sino ante unas decisiones empresariales ya adoptadas por necesidad y otra por obligación jurídica que nada tienen que ver con el futuro de la zona de la Punta del Sebo. Y Comisiones Obreras, que está unida al discurso contradictorio de Izquierda Unida entre medio ambiente y empleo, debe adoptar una postura mucho más contundente ante lo que todo el mundo venimos observando.
Para colmo de análisis desenfocados ante el momento actual, el último de Javier Barrero ha sido ya de campeonato al anunciar que “si se produce la macha de Fertiberia –lo cual ya es un hecho-, esto es una nueva Delphi, lo solucionaremos como si fuera Delphi”. Es decir, a la vista de cómo han ido ocurriendo los hechos en la provincia de Cádiz, negociando un cierre ordenado de la factoría, cobrando los trabajadores las indemnizaciones pactadas, en parte por la aportación de dinero público, pero quedando la mayoría de los empleados de esta factoría en las listas del paro hasta el punto de que hace unos días fue noticias la bronca que le formaron a dos consejeros de la Junta de visita en Cádiz mientras el mismo presidente de la Junta, Manuel Chaves, salía por patas del lugar el cariz violento que adquirían los acontecimientos. Por ello, Javier, no nos anuncie una nueva Delphi sino la llegada a Huelva de empresas que generen empleos alternativos a los que se puedan destruir o más inversiones públicas que las raquíticas y ridículas que con tu voto y el de los representantes del PSOE de Huelva se van a aprobar en los presupuestos generales del año 2008.
La economía de una provincia, evidentemente, no puede ser una foto fija porque las circunstancias son cambiantes, como los ciclos económicos de cada sector. Lo que no puede ocurrirle a quienes tienen responsabilidades de gobierno es que los cambios de esta foto fija les coja desprevenidos, sin alternativas, sin recursos y sin ideas. En la provincia de Huelva ya empieza a ser muchas las voces que se alzan ante la mediocridad y falta de compromiso público de la clase política actual, a la que se une esta testarudez obsesiva por dejarse escapar activos tan importantes en toda democracia como es el diálogo y el consenso. La conjunción de todos estos factores es lo que nos deja cada día más confundidos porque no es lógica las reacciones que se están produciendo ante los anuncios tan relevantes que para la economía provincia se vienen dando. Dejar caer un sector tan básico en la provincia como el industrial, sin presentar alternativas y teniendo que escuchar tantas y tantas tonterías, no tiene mucha explicación y en cualquier otro sitio provocaría una reacción al unísono de todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales. Aquí no, aquí lo frivolizamos en torno a un debate sentimental y nostálgico de la recuperación futura de un territorio. Inaudito. Pero cierto Y lo que es peor pocos apuntan lo que se debe hacer para salvar los puestos de trabajo en un sector que tiene un valor de producción de 6.251 millones de euros y un efecto directo, indirecto o inducido en la provincia de 15.141 trabajadores. Un tercio de estos puede estar en peligro real de irse al paro en los próximos meses y seguimos vanagloriando de la ‘luz’ de Huelva (mañana hablaremos del momento también que vive el sector turístico) y de que ya no tenemos un proyecto de aeropuerto sino hasta dos. De chiste si no fuera por la gravedad de lo que se nos avecina en los próximos meses.

IU se agarra electoralmente a la Mesa de la Ría

Desde la perspectiva que ofrece ya el largo tiempo transcurrido desde que se inició, a instancias del Colegio de Arquitectos, el movimiento social denominado ‘Mesa de la ría’ ya puede decirse quien ha sabido sacar el mayor rédito de lo que suponía una plataforma aparentemente ciudadana, aunque es verdad que con la presencia desde los primeros momentos de las dos formaciones con menos peso electoral en Huelva capital, el Partido Andalucista y la coalición de Izquierda Unida. Ha sido esta última la mayor beneficiada, a juzgar por los resultados obtenidos en las pasadas municipales, de todo lo que haya podido generar y mover socialmente la ‘Mesa de la ría’ y esta valoración es la que da lugar a una estrategia ya concebida y estructurada de tomar un mayor control en la misma y basar una gran parte de su discurso político en torno a los temas medioambientales de la capital, en especial lo se refiere a las industrias asentadas en la Avenida de Federico Montenegro ya que todavía no le hemos visto ni escuchado ninguna declaración en torno al daño que pueda provocar la obra del ‘tripuente’ en el paraje protegido Marismas del Odiel. Como tampoco tenemos muchas noticias, con las ganas que ha tenido últimamente de salir en prensa, de los Verdes del ‘Guito’ y compañía en lo referente a este mismo tema, cuando a buen seguro con su posición se van a jugar la escasa credibilidad que le pueda quedar a este movimiento político en el mundo de los ecologistas de verdad y no, como han hecho hasta ahora, de mera comparsa socialista para aferrarse en la Consejería de Medio Ambiente a algunos despachos oficiales y a las subvenciones que hagan posible su subsistencia.
La coalición de Izquierda Unida tiene por delante, ante la convocatoria de las elecciones autonómicas y generales, recuperar cuanto menos el escaño andaluz que perdieron en el 2004 a manos de los socialistas y que dejaron a su líder regional, el onubense Diego Valderas sin poder sentarse en el Parlamento andaluz (donde en tiempo de la pinza con el PP llegó a sentarse en el sillón de presidente) con el consiguiente descrédito ente sus propios compañeros dado el escaso respaldo que pudo obtener en su propia provincia mientras que los andalucistas, con Miguel Romero a la cabeza, sí eran capaz de aguantar la avalancha socialista y hacerse hasta con relativa facilidad con el escaño. Este fracaso de la coalición y más en concreto de Diego Valderas se ha logrado superar con el aparente éxito de las últimas elecciones municipales al obtenerse en la capital un segundo concejal, que de haber mejorado el PSOE con Manuela Parralo sus registros pudiera haber sido decisivo para dejar al PP de Pedro Rodríguez sin mayoría absoluta y sin alcaldía, como es natural. Todo este aparente éxito se debió a un incremento de unos 700 votos sobre la media que venía alcanzando la coalición, votos que el cómputo global y dada la escasa participación valieron por mucho más del doble y en el reparto final de concejales ese aumento que se ha vendido como un inmenso logro de Pedro Jiménez y de su equipo. El análisis que parece hacerse de puertas para dentro, y que también hacemos muchos de puertas para fuera, es que este partido, sin duda, fue el único y mejor beneficiado de su posición en la ‘Mesa de la ría’, mientras que los andalucistas, por méritos propios, caían en picado hasta registros electorales míseros jamás conocido en la capital y sin que le valiera nada sus apariciones junto a la plataforma ciudadana antes comentada. Lo mismo le pasó a los Verdes del ‘Guito’ que no pasaron, tal vez porque en Huelva todos nos conocemos, de lo que ya venían obteniendo en elecciones anteriores.
En base a estos razonamientos políticos, todo cuanto hace y dice en los últimos meses la coalición de Izquierda Unida en la capital se mueve en torno al mismo tema: futuro de la avenida Federico Montenegro, un discurso al que los miembros de la empresa que redactan el avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana parecen darle ala, como si formaran parte del mismo conjunto musical de Izquierda Unida, anunciando en reuniones de toma de contactos con colectivos de la ciudad una presumible fecha de la actividad industrial en la zona antes de que el mismo equipo de gobierno del PP haya todavía analizado y estudiado la orientación final que quiera proponer en el futuro urbanístico de la capital. Todos los grupos políticos son conscientes de las enormes aristas que contiene este debate social, económico y ciudadano, de ahí las cautelas de los mismos socialistas y el tiempo que en su toma de decisiones se dan los populares (hoy se agota el plazo del recurso o no a la sentencia de Endesa y todavía ayer no se conocía oficialmente el camino a tomar por parte del Ayuntamiento de Huelva a través de la Gerencia de Urbanismo). La coalición de Izquierda Unida, a sabiendas de que cualquier toma de postura radical afectará, en primer lugar, a cientos de trabajadores ha tomado la decisión de estar en el centro del conflicto, tal vez porque su posición es muy cómoda al no tener que adoptar, por no estar en posición de gobierno en ninguna de las administraciones afectadas, ningún acuerdo que le comprometa. Lidiar la parte social, la salida laboral a estos cientos de trabajadores, parece que es una pelota que dejan para sus compañeros de Comisiones Obreras y de ahí las posiciones extrañas que a veces se le escucha en temas tan candentes como ya hemos visto con el asunto de Fertiberia.
La estrategia, pues, de apoderarse del movimiento de la ‘Mesa de la ría’ por parte de Izquierda Unida politiza de una manera ya definitiva lo que en un principio se presentó como un movimiento meramente ciudadano. No le va a faltar recursos económicos ni ayudar a cualquier movilización porque ya forma parte de la misma estrategia electoral que haya planificado la coalición de cara a los próximos meses. Faltan varios miles de votos para asegurarse ese escaño en el Parlamento andaluz y esos tienen que salir en gran parte de Huelva capital y en ese objetivo todo cuanto se pueda agitar y movilizar sobre la recuperación de la Punta del Sebo pues mejor que mejor. Desde el punto de vista político es legítimo y nada que objetar, desde el punto de vista de los que auparon e impulsaron la ‘Mesa de la ría’ no deja de ser un exponente más de la falta de personalidad y de criterios exhibida para que todo cuanto han hecho se quede reducido ahora a ir de mera comparsa electoral de la coalición de Izquierda Unida en su necesidad imperiosa de recuperar el escaño andaluz perdido en Huelva. Que de volverse a repetirse podría terminar con el mando de Diego Valderas.

¿Tan poca fuerza tiene Javier Barrero ante el Gobierno?

Por más veces que leo en los medios de comunicación las noticias aparecidas en esta semana sobre las partidas presupuestarias destinadas a Huelva en el año 2008 menos me creo que una cosa tan mísera como raquítica pueda ser verdad. Pensé que era un error en un principio pero luego de ver la cara con la que los agentes sociales, empresarios y sindicatos, miraban a los dirigentes socialistas en la reunión mantenida este pasado viernes para explicarlo pues llegué a la conclusión de que sí, que es verdad que nos vuelven a tomar el pelo en el Gobierno Central, en el ‘Gobierno de España’, y esta vez con alevosía y premeditación. Ya escribí hace unas semanas que por el reparto que al final se hiciera de fondos públicos para inversiones en las distintas provincias íbamos a conocer el poder real del socialismo onubense en Madrid, que estaba muy bien que a Javier Barrero lo hayan sentado en la Mesa del Congreso de los Diputados, con coche oficial y obras prebendas protocolarias, pero que en Huelva lo que necesitábamos eran inversiones en dos infraestructuras consideradas vitales, desde hace años, para el desarrollo provincial, la autovía Huelva-Extremadura que supone el desdoble de la actual N-431 y el trazado completo del tren de alta velocidad, con estación nueva incluida, hasta la capital. Lea Javier Barrero en ese artículo el máximo esfuerzo para lograr que aparecieran partidas importantes en el año 2008, cuarto año ya de Gobierno socialista, porque entre oras muchas razones la provincia de Huelva es sumamente generosa en el apoyo electoral al PSOE y ya va siendo hora que éste le corresponda con la misma generosidad en inversiones tantas veces demandadas. Después de lo visto, que en un principio no me creía que ya veo que sí, que es verdad, hay que ir pensando que Javier Barrero, en su doble misión de diputado nacional y secretario general del PSOE de Huelva, manda muy poco en Madrid, ante los ministros y los compañeros que dirigen el partido a nivel nacional. Y como yo, me imagino, lo empezaran a pensar otros muchos dirigentes socialistas que durante años han hecho bandera, cuando gobernaba el PP, de lo mucho que ellos iban a hacer cuando llegaran al Gobierno por el bien de Huelva, discurso que se le ha venido debajo de la noche a la mañana con partidas tan absurdas como esos 65.000 euros que se destinan al futuro desdoble de la Nacional 431 y el 1,2 millones de euros para el trazado del tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla. pedía

Yo creo que visto lo visto, los dirigentes populares que todavía están sentados en el Congreso de los Diputados y en el Senado deberían de pedir una reunión con la representación parlamentaria para ofrecerle su ayuda y convenir una enmienda conjunta para modificar estas partidas. (Si trabajaran algo el tema, los diputados populares, apareciendo más veces por Huelva uno de ellos y mostrando más interés por los temas el otro, podrían hasta tener hecha la próxima campaña electoral nacional y autonómicas; bastaría con explicar durante los próximos meses bien este maltrato socialista con la provincia). Los actuales alcaldes de la Cuenca Minera y de la Sierra, casi todos ellos del PSOE, que durante los años de gobierno del PP, promovieron plataformas reivindicativas y organizaron movilizaciones ciudadanas deberían ahora, por pura coherencia y dignidad política, repetir las mismas acciones que antes con tanta fluidez como insistencia mediática se hicieron como un argumento más de desgaste ante la opinión pública de las políticas presupuestarias para Huelva que hacía el PP desde el Gobierno. Habría que elevar mociones a los plenos municipales en los mismos términos y exigencias que se le hacían a los populares y los alcaldes y concejales de este partido, junto al de resto de formaciones políticas, hacer lo mismo. Y en el capital, el alcalde debería convocar a la candidata socialista a la alcaldía para que ésta le firme una moción conjunta en el Pleno reclamando en los presupuestos mayores partidas de dinero para ejecutar el trazado de la línea de alta velocidad, tal y como más o menos vino a decir el mismo presidente de Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en un mitin protagonizado en la pasada primavera en Huelva, en apoyo de todos los candidatos municipales socialistas de la provincia. Puede que todo, al final, no sirva de nada porque entre lo que se ha llevado Cataluña y en Andalucía las provincias que llevan ministros en la cabecera de la lista, léase Málaga, será difícil sacar más euros que las limosnas que nos han vuelto a dar, más casi como ofensa que por justificar un mínimo interés de gobierno en las inquietudes onubenses.

Y una última cosa, de cara a que todos por lo menos sepamos el por qué de las partidas presupuestarias con mayor volumen que aparece, en especial las dedicadas a infraestructura hidráulica. La presa de Alcolea, a la que se destinan la mayor dotación de los 195 millones de euros que en total vienen a Huelva, es una obra que esta cofinanciada y que en el futuro quedara pagada con los cánones del agua que Hidroguadiana ha firmado con las comunidades de regantes. Es, por lo tanto, una inversión con retorno y así debería explicarse a la opinión pública y a los mismos agentes sociales. Como debería desenmascararse por la oposición política ese titular periodístico de los dirigentes socialistas vendiendo que se eleva en un 30% las inversiones con respeto al año anterior, cuando el 30% de subida de nada, de otra limosna, no deja de ser otra tomadura de pelo ante la ciudadanía. No esperaba del PSOE y menos de Javier Barrero, que con los apoyos que tiene y cuenta en Huelva, pudiera presentarse con los presupuestos del año 2008 tan vacío de dineros para el desarrollo de la provincia. Una de dos, o no manda nada en Madrid o es que no sabe muy bien defender en los ministerios, de despacho en despacho, lo que interesa en esta provincia. Decepcionante, muy pero que muy decepcionante. Javier, esperaba mucho más de ti y de tu poder en Madrid.

Petición unánime para un diálogo entre políticos

Hace meses lo escribía en esta misma esquina de página que me concede EL MUNDO HUELVA NOTICIAS. No es lógico, ni racional, en un sistema democrático –hecho para la participación y el consenso- que en la provincia de Huelva tengamos unos representantes de los dos máximos partidos políticos con representación, PSOE y PP, que no se hablan entre ellos desde que cada uno llegó a ocupar la dirección de su formación política. Javier Barrero y Pedro Rodríguez no ha escenificado, ni por pura cortesía, el más mínimo encuentro que se espera de quien ostenta, por designación popular, la representación de dos ideologías, de dos programas de gobierno, pero nunca de dos enemigos irreconciliables. Las últimas sentencias que se han producido estos días, reflejo de la absurda y obstinada judicialización de la vida política en la provincia de Huelva, ha motivado que desde muchas otras columnas de opinión y por compañeros que analizan la realidad cotidiana de Huelva se demande este diálogo entre partidos para evitar la situación de extrema confrontación entre las dos principales formaciones con responsabilidad de gobierno en nuestro territorio. La coincidencia es general sea de la tendencia que sea el medio de comunicación porque lo que está ocurriendo en Huelva no creo que se dé en ninguna otra provincia de España, que socialistas y populares, más en concreto sus dos máximos mandatarios, viven de espaldas el uno del otro, exteriorizando en el seno de cada uno de sus partidos políticos una brecha personal carente de todo sentido.
Es verdad que el caso Isla Chica-Recreativo de Huelva abrió una importante herida merced a las directrices marcadas por Javier Barrero al Grupo Municipal Socialista, y seguidas al pie de la letra por Pepe Juan Díaz Trillo, de sentar a toda costa en el banquillo al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y varios de los concejales. Los socialistas, que no asumieron nunca la dura derrota de las elecciones municipales en la capital, con la amplia mayoría obtenida por el PP, tomaron el camino de los tribunales como única forma posible, al parecer, de poder derribar a sus adversarios y el carisma que el alcalde popular tiene entre la ciudadanía. Aparte de crear, tal vez, este abismo que ahora parece insalvable entre unos y otros en el terreno personal, los dirigentes socialistas cometieron el gran error de convertir a Pedro Rodríguez en una víctima y todo, además, por haber querido salvar el Recreativo de Huelva de la desaparición. Un mensaje demoledor para el PSOE de Huelva capital que le sigue y seguirá pasando factura al socialismo porque el recreativismo de corazón lo pasó muy mal y no entendió nunca ver al alcalde entrando en los juzgados a declarar. Pero todo esto, y lo recuerdo tanto para Javier Barrero como Pedro Rodríguez, ocurrió hace ocho años y no podemos estar anclado en esta provincia en esta afrenta con la cantidad de temas que podrían solucionarse simplemente hablando y hablando en pro de los intereses generales de Huelva.
Además atrás han quedado las elecciones municipales y el veredicto ciudadano no ha podido ser más aplastante para los socialistas, un poco más y volvemos, como también señale durante los días de campaña, a los tiempos en que desde el mismo socialismo onubense se nos reclamaba a algunos, entre los que me encuentro, que ayudáramos, por el bien de la misma democracia, a forjar un centro derecha en Huelva. No son tiempos ahora de jugarse ayuntamientos ni el control en la Diputación y sí, es verdad, que tenemos por delante en los próximos meses unas elecciones generales y autonómicas en la provincia en cuestión de meses pero la importante implantación socialista, y más después de controlar, nada más y nada menos, que sesenta ayuntamientos hacen poco previsible un vuelco electoral y las distancias entre ambas formaciones se van a mantener en línea con comicios anteriores, escaño autonómico arriba o escaño abajo del PSOE o del PP, pero poco más se disputa cada uno en esta nueva cita ante las urnas. Huelva, en cambio, tanto en la capital como en la provincia, se juega mucho más cosas para avanzar si ambos partidos políticos hablan porque proyectos importantes que generan riqueza y bienestar están estancados y a golpe de sentencia judicial.
Para más inri, todo hace indicar que después de esta nueva campaña de autonómicas y generales, tanto en el PSOE como en el PP, a nivel provincial y secuencialmente con lo que vaya ocurriendo en los liderazgos nacionales y regionales, se va a producir en Huelva cambios en los direcciones de ambas formaciones. Pedro Rodríguez tiene más que asumido, y en la coincidencia ya es general en todos los despachos decisorios, que no es posible compatibilizar la alcaldía de la capital y la presidencia de un partido que requiere mucho tiempo de dedicación para asentarlo en los pueblos de la provincia, tu auténtico talón de Aquiles. Y Javier Barrero, que llegó a caballo de la renovación hace ya más de diez años, no puede perpetuarse en un cargo por más tiempo salvo riesgo de que le salga una corriente interna de contestación con los mismos argumentos que él tan hábilmente esgrimió a la hora de derribar a Carlos Navarrete y a los suyos. Ambos políticos, pues, tienen pocos razones de peso y más a estas alturas de sus respectivas carreras políticas para eludirse mutuamente y más cuando es un clamor, al que se unió hace unas semanas la propia Federación Onubense de Empresarios, la necesidad de que hablen e intenten entenderse en cuestiones que sean beneficiosa para la provincia. Espero de den la talla, que ya es hora, y en esto de la política, y en democracia, lo menos importante es quien da el primer paso sino que ejerzan de una vez los dos de políticos de altura, que como decía el mismo rector de la Universidad de Huelva en unas recientes declaraciones, no es algo de lo que podamos presumir mucho en la provincia, visto lo visto hasta ahora.

La Junta no puede obstaculizar el progreso de la capital

En las agendas del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, hay día y hora fijado en la semana que entra para una reunión de trabajo en el marco de los encuentros que el titular de a comunidad autónoma andaluza viene manteniendo con los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes. La rotunda e implacable sentencia dictada este viernes con la Junta de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia andaluza, con sede en Granada, dado la razón a la Gerencia de Urbanismo de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva, en la tramitación como absolutamente legal del concurso público de adjudicación en su día de los terrenos del Ensanche van a obligar a Manuel Chaves, dada la trascendencia e importancia de la sentencia en lo que es el desarrollo de la capital, a entrar muy cabizbajo y casi pidiendo disculpas a la cita con Pedro Rodríguez. Y todo por culpa de quien dicta los destinos y las decisiones de los máximos representantes de la administración autonómica en la provincia de Huelva, que no son otros que algunos dirigentes concretos de la cúpula provincial socialista. Porque este no es el único varapalo sufrido por la Junta de Andalucía en los últimos tiempos y en los pleitos casi permanentes que abre en el plano jurídico con el Ayuntamiento de Huelva. Hay sentencias, que haría bien el alcalde de Huelva en mostrar al propio Manuel Chaves para que también, en su calidad de jurista, que lo que es como profesor que fue de la Cátedra de Derecho del Trabajo con Miguel Rodríguez Piñero en la Facultad de Derecho de Sevilla, valore la dureza con que algunos jueces se expresan en sus sentencias contra la Junta de Andalucía al valorar que existen más motivaciones políticas y voluntad de obstaculización administrativas en las acciones emprendidas contra el Ayuntamiento de Huelva que razones de peso jurídicas que justifiquen las demandas presentadas. Estoy convencido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con sólo leer las razones y fundamentos expresados por los jueces en las sentencias que ha ido perdiendo la administración autonómica terminaría cortando por lo sano y de inmediato la directriz política que al parecen tienen encomendada muchos delegados provinciales de consejerías para frenar, retrasar, obstaculizar, parar o denegar muchas de las iniciativas que se emprenden desde el Ayuntamiento de Huelva en beneficio de la ciudad, algunas tan importantes como esta del Ensanche, que supuso para las arcas municipales una inyección de dinero importante, o los ocho años que se ha hecho perder al barrio de Isla Chica con todo el proceso del viejo Estadio Colombino.Las cosas, querido alcalde de Huelva, hay que hablar a veces por derecho, en los términos protocolarios que un encuentro de estas características demanda, pero con las verdades del barquero por delante, sin tapujos ni medias tintas. Esto no es cuestión de relaciones entre dos partidos políticos ni entre dos gobernantes públicos, con tonterías y pamplinas como las que vienen haciendo desde la Administración autonómica se frena el desarrollo de una ciudad o lo que s lo mismo la mejora y el bienestar de los ciudadanos que en ella habitan. No se me pasa ni por la imaginación, pues la sentencia es muy contundente en la valoración del por qué se ha dado el silencio administrativo, y eso en términos legales es muy difícil de cuestionar ante un tribunal superior, que desde la Administración autonómica se esté planteando el recurrir ante el Supremo la sentencia dictada. Aparte del enorme retraso que puede conllevar una nueva decisión judicial, y más en el Supremo, donde se aparcan casos y casos en la Sala del Contencioso-Administrativo, es que se volvería a frenar el desarrollo urbano de la capital hacía la ría, hacía la nueva estación del AVE, con los consiguientes perjuicios económicos directos para el Ayuntamiento de Huelva pero también para el conjunto de la ciudadanía que tendría que esperar otros ocho o más años que el nuevo contencioso se desbloqueara. No espero de Manuel Chaves, si tiene conocimiento del fondo del tema y el alcalde actúa de alcalde-alcalde y no como alcalde buena persona simplemente, quiera condenar a la ciudad de Huelva a esta paralización para dar capricho a las peticiones de algunos muy concretos dirigentes socialistas provinciales que siguen con la espina clavada de la pérdida electoral de la capital. El concejal de Urbanismo, Curro Moro, que lo tiene aprendido de la sentencia en contra recibida la semana pasada en el caso Endesa, se ha manifestado muy clarito ante la Junta de Andalucía al anunciar que se pedirán daños y perjuicios económicos si se mantiene la política de obstaculización y eso, hablando en el mundo del urbanismo, puede ser muchos millones de euros porque ya en si misma la demanda ahora denegada ya ha supuesto, por el tiempo en que se ha tardado en fallar desde la Sala, muchos dinero para los propios adjudicatarios del concurso, que no tienen nada que ver en este enfrentamiento entra administraciones pero que sí tiene todo el derecho del mundo a reclamar seguridad jurídica, porque con muchos los millones puestos sobre la mesa para comprar el suelo y van para cuatro los años en que tienen sin actividad enorme inmovilizado de suelo urbanizable, suelo que en el mercado y ya con todos los parabienes jurídicos podría alcanzar un valor cercano a los 500 millones de euros. Sólo aplicando el interés del dinero a esta cifra y los años que se lleva de retraso, y los que podrían darse, dan una cifra de perjuicio y sólo para os adjudicatarios de escándalo. A lo que habría que añadir el del Ayuntamiento de Huelva, también con propiedades de suelo, y los ingresos por no poder otorgar licencias, IBI, etc., etc. Creo que este aviso de Curro Moro, al margen de las decisiones de carácter político, pueden hacer a más uno reflexionar de que ha llegado el momento de conducir los enfrentamientos entre partidos a los debates en los senos de las instituciones sin una utilización tan perversa como la que ha venido haciendo la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Huelva. Manuel Chaves es quien tiene la última palabra y deber del alcalde de Huelva es exigirle es que esta estrategia de acoso y derribo termine de una vez por todas.

Administraciones públicas contra las empresas

Con una situación económica general, casi global, que se va a ir agravando por momento, a juzgar por las cifras macroeconómicas que viene saliendo cada semana, lo único que le faltaba a muchas medianas y pequeñas empresas es soportar sobre sus espaldas la elevada deuda que arrastran con ellas las distintas administraciones públicas, en especial de ámbito local y provincial y sin distingo de formación política gobernante. La Federación Onubense de Empresarios, a través de distintas notas informativas, ha sacado ya a la opinión pública este problema pero mucho nos tememos que ello no será suficiente porque en tiempo de apreturas económicas, como los que se avecinan, las meras actuaciones mediáticas apenas si sirven de ayuda a la hora de sacar adelante el día a día de cada empresa afectada. El problema, como decimos, no es exclusivo de uno u otro gobernante, ni cuestión de dos o tres empresas, sino que afecta a casi todos los ayuntamientos de la provincia, Diputación y también a la propia administración autonómica. Es mucho el dinero que se adeuda por partes de las administraciones públicas y entre los empresarios onubenses de mediano y pequeño volumen empieza a surgir un movimiento de auténtico rebelión y contestación si el problema no se resuelve al que deberá estar atenta la misma organización empresarial si es que quiera estar, como hasta ahora, por delante de las propias inquietudes del mundo de la empresa en Huelva.
Para colmo de colmo en algunos ayuntamientos de la provincia que con motivo de las últimas elecciones se ha cambiado de partido de gobierno, o incluso antes, cuando en el caso de Gibraleón se presentó una moción de censura para derribar al gobierno del PP, también ha surgido otra forma ‘sui generis’ de tratar a las empresas, que no es otra que identificarla según se sea afín o no afín a los nuevos gobernantes municipales. En el mismo ayuntamiento de Gibraleón el concejal socialista encargado de Hacienda ha tenido el descaro de decirle a la cara a un representante de una empresa onubense que le reclamaba el pago de una deuda pendiente desde el año 2004 y 2005, y que asciende a un buen montón de euros, que ellos “primero pagaban a sus proveedores” y después de dicho esto se quedó tan tranquilo ante el desconsuelo y enfado de la empresa que aguanta la deuda municipal desde hace años.
Lo más grave ya no es sólo que exista esa elevada deuda de las administraciones públicas con las empresas onubenses y que está, incluso, venga desde hace varios años coleando y poniendo a muchas empresas en trance de desaparecer, como la misma Federación de Empresarios ha denunciado, sino que el IVA de toda esta deuda ha tenido que ser adelantado por el empresariado a Hacienda en cumplimiento de una legislación tributaria totalmente injusta e ilógica. ¿Cómo pueden pagar las empresas a Hacienda un IVA que no ha recaudado, que no ha cobrado, y más cuanto este mismo proviene de facturaciones a las administraciones públicas que aún no se ha cobrado? Hacer como se viene haciendo, aplicado un sistema tributario de impuesto recaudado en teoría cuando se emite la facturación y no, como sería justo, cuando se cobre de verdad la deuda está conllevando situaciones de asfixia a muchísimas empresas, que ya no sólo es que destinan recursos humanos a contabilizar a favor de Hacienda un impuesto indirecto que no le corresponde, con las correspondientes sanciones si se hace mal, sino que se le obliga, se le demanda a un mes tan sólo de finalizar el ejercicio (a 30 días) que se ingrese en las arcas públicas el diferencial de IVA devengado o soportado. Si, además, el IVA proviene de la facturación no pagada por las mismas administraciones públicas se entra en el contrasentido de que las empresas adelantan al Estado, por vía de la Hacienda pública, un dinero que todavía no ha salido de las mismas arcas del Estado, por vía de las administraciones locales y provincial, con el correspondiente perjuicio económico a la tesorería de muchas y muchas pequeñas y medianas empresas.
El empresariado onubense anda cansado de un escenario ante el que se ven indefenso porque Hacienda, y no es culpa de los funcionarios que se ven obligados a aplicar las normas e instrucciones tributarias que le dan, cuando llega la hora de recadar actuar de manera implacable sin ningún tipo de distingo, aunque la deuda que impiden que muchas empresas paguen en tiempo y forma el IVA provenga del retraso en los pagos desde las mismas administraciones públicas, deuda que, además, tan poco se puede dotar ni que abonar a la hora del cierre anual del impuesto. Si hasta ahora se ha venido aguantando como se ha podido, el panorama que se dibuja de crisis económica que afecta al consumo, construcción y al sector servicio en general puede hacer que muchos empresarios lleguen ante Hacienda con la intención y voluntad de entregarle las llaves de sus empresas. Y que las gobierne y las salven las distintas administraciones públicas que tanto adeudan o esos gobernantes, como el referido de Gibraleón, que discrimina en el pago según de qué color pueda ser la empresa de turno que le viene reclamando el pago del crédito pendiente. La Federación Onubense de Empresarios, que ya tiene conciencia del problema, tendrá que cambiar su política reivindicativa, en línea con las actuaciones sindicales cuando están juego los puestos de trabajo, si quiere salvar a muchas empresas onubenses ante el momento duro que se anuncia. El empresariado no su puede soportar sobre sus únicas espaldas la acción feroz recaudatoria de Hacienda con el IVA y que además este provenga de unas facturas que llevan años por pagar desde la misma Administración, desde el mismo Estado. Y si se tienen que cambiar las leyes y hacer ver al legislador lo injusto del sistema de recaudación, pues habrá que hacerlo pero cuanto ocurre ahora no tiene pies ni cabeza y todo aquello que no es lógico ni racional tarde o temprano termina por estallar.

Una sentencia que deja muchas cosas en su sitio

Si la Justicia en España fuera más rápida en sus decisiones muchos conflictos sociales, políticos y hasta económicos se resolverían sin tanta acritud y confrontación. Más de tres años se llevaba esperando en Huelva la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la sala de lo contencioso, ante la reclamación presentada por Endesa Generación por las decisiones adoptadas en su contra por el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Gerencia de Urbanismo, a los escritos autorización para adecuar el proceso productivo de carácter térmico de la Central de La Punta del Sebo a uno más moderno de ciclo combinado y en estos tres largos años se han celebrado, en el contexto generado por este conflicto inicialmente de ámbito jurídico, dos grandes manifestaciones públicas de la ciudadanía, una a favor de la no implantación de nuevas empresas en la Punta del Sebo (el plan de modernización de Endesa de sus instalaciones entraban en este teórico apartado) y otra a favor de la industria en Huelva, también ha surgido un movimiento, sin aparente control determinado, denominado Mesa de la Ría y el mismo Ayuntamiento de Huelva se vio obligado a firmar un acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales para garantizar la propia seguridad jurídica de las empresas ubicadas en la actualidad en la Punta del Sebo. A lo que debemos unir infinidad de artículos periodísticos, tertulias radiofónicas y televisivas y posicionamientos electorales de algunos partidos políticos.
La sentencia ahora dictada –con mucho retraso, como decimos- por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja muchas cosas claras, pero yo diría que las mismas que ya estaban antes porque la legislación estaba muy clarita y el mismo Plan General de Ordenación Urbana de Huelva en vigor lo venía a recoger como fruto de los acuerdos adoptados en su día por la importante y trascendental Mesa de la Descontaminación de los años 90. Entonces, ¿por qué se empecinamiento de la Gerencia de Urbanismo de Huelva y de sus técnicos por mantener unas nuevas posiciones tan cerradas que ahora descabalga por completo la sentencia dictada? Eso es lo que desde el plano político tendrá que analizar ahora con mucho detenimiento pero total determinación el grupo municipal del PP que gobierna la ciudad con el amplio respaldo mayoritario de las últimas elecciones. De sobra es conocida la posición beligerante y guerrera del Colegio de Arquitectos de Huelva contra la ubicación de la industria en la Punta del Sebo y no debe pasarse por alto que los interpretadores técnicos de las normas urbanísticas de la capital son funcionarios municipales pero a la vez miembros de este Colegio. Hasta dónde hay confluencia de posiciones ideológicas, por encima de las mismas normas, es la gran duda que a muchos nos queda después de una sentencia tan rotunda como contundente
No puede recaer la responsabilidad de esta sentencia sobre el lado político porque es obligación de todos los gestores públicos someterse al dictamen y a los informes de los técnicos y más en cuestiones de legalidad. Porque si hubiera ocurrido al revés, que los políticos hubieran adoptado una decisión sin el aval de los técnicos, es muy posible que la acción promovida por el mismo Colegio de Arquitectos no sería otra que una demanda por presunta prevaricación contra los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo que se hubieran pronunciado a favor de las autorizaciones a Endesa en su día para que pudiera construir la central de ciclo combinado. La pregunta ahora, que dirigimos a los miembros del Colegio de Arquitectos, es qué debe hacer el lado político del Ayuntamiento de Huelva contra sus técnicos municipales que de manera tan grave se han equivocado en sus interpretaciones de la legalidad vigente, según el alto tribunal andaluz. ¿Van a pagar ellos, acaso, los daños y perjuicios con los que se condena al Ayuntamiento de Huelva y como tal a todos los ciudadanos que posiblemente veremos incrementados los impuestos para hacer frente a una indemnización que puede superar los 7 millones de euros? ¿O responderá el Colegio de Arquitectos con los fondos que viene destinando a las campañas promovidas contra la industria en Huelva?De lo que no hay duda es de que a partir de este momento, y tal vez también para otros muchos asuntos, vista el síndrome colegial que afecta a la Gerencia de Urbanismo, que los gestores públicos y políticos van a tener que relativizar muchos informes jurídicos que en materia urbanística le firmen sus técnicos. Y no debemos olvidar que por delante hay cuestiones de tanto calado para la ciudad como el procedimiento administrativo del Ensanche o la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La decisión de acudir a un segundo dictamen, de experto imparcial, tendrá que ser el camino a seguir por parte de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo de Huelva, tanto para avalar las tesis de sus propios técnicos como para blindarse jurídicamente ante decisiones de carácter político adoptadas en contra de los mismos. El Colegio de Arquitectos de Huelva, que tiene toda la legitimidad del mundo para abrir, mantener y defender posiciones en debates de interés público, debe meditar también hasta qué punto sus posiciones extremas puedan estar condicionando las decisiones de sus colegiados en otros ámbitos de la esfera administrativa, porque detrás de todo técnico municipal hay una persona humana y como tal sujeta a presiones, influencias y contextos de ámbito tan cerrado a veces como el de los colegios profesionales. Y conste que no culpo a nadie de haber obrado con mala fe de manera premeditada, sólo digo y mantengo que todo cuanto ha ocurrido se ha visto enmarcado por una atmósfera de enorme crispación social donde ha sobrado mucha subjetividad y ha faltado la objetividad que se espera de la mera función técnica. La que ahora ha sabido poner, a kilómetros de distancia., es verdad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Llega tarde pero ha dejado las cosas por fin en su sitio, al menos en el lado jurídico. A ver si la clase política sabe sacar de él una buena lección para lo mucho que queda por decidir en el futuro del urbanismo de la capital.