Petición unánime para un diálogo entre políticos

Hace meses lo escribía en esta misma esquina de página que me concede EL MUNDO HUELVA NOTICIAS. No es lógico, ni racional, en un sistema democrático –hecho para la participación y el consenso- que en la provincia de Huelva tengamos unos representantes de los dos máximos partidos políticos con representación, PSOE y PP, que no se hablan entre ellos desde que cada uno llegó a ocupar la dirección de su formación política. Javier Barrero y Pedro Rodríguez no ha escenificado, ni por pura cortesía, el más mínimo encuentro que se espera de quien ostenta, por designación popular, la representación de dos ideologías, de dos programas de gobierno, pero nunca de dos enemigos irreconciliables. Las últimas sentencias que se han producido estos días, reflejo de la absurda y obstinada judicialización de la vida política en la provincia de Huelva, ha motivado que desde muchas otras columnas de opinión y por compañeros que analizan la realidad cotidiana de Huelva se demande este diálogo entre partidos para evitar la situación de extrema confrontación entre las dos principales formaciones con responsabilidad de gobierno en nuestro territorio. La coincidencia es general sea de la tendencia que sea el medio de comunicación porque lo que está ocurriendo en Huelva no creo que se dé en ninguna otra provincia de España, que socialistas y populares, más en concreto sus dos máximos mandatarios, viven de espaldas el uno del otro, exteriorizando en el seno de cada uno de sus partidos políticos una brecha personal carente de todo sentido.
Es verdad que el caso Isla Chica-Recreativo de Huelva abrió una importante herida merced a las directrices marcadas por Javier Barrero al Grupo Municipal Socialista, y seguidas al pie de la letra por Pepe Juan Díaz Trillo, de sentar a toda costa en el banquillo al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y varios de los concejales. Los socialistas, que no asumieron nunca la dura derrota de las elecciones municipales en la capital, con la amplia mayoría obtenida por el PP, tomaron el camino de los tribunales como única forma posible, al parecer, de poder derribar a sus adversarios y el carisma que el alcalde popular tiene entre la ciudadanía. Aparte de crear, tal vez, este abismo que ahora parece insalvable entre unos y otros en el terreno personal, los dirigentes socialistas cometieron el gran error de convertir a Pedro Rodríguez en una víctima y todo, además, por haber querido salvar el Recreativo de Huelva de la desaparición. Un mensaje demoledor para el PSOE de Huelva capital que le sigue y seguirá pasando factura al socialismo porque el recreativismo de corazón lo pasó muy mal y no entendió nunca ver al alcalde entrando en los juzgados a declarar. Pero todo esto, y lo recuerdo tanto para Javier Barrero como Pedro Rodríguez, ocurrió hace ocho años y no podemos estar anclado en esta provincia en esta afrenta con la cantidad de temas que podrían solucionarse simplemente hablando y hablando en pro de los intereses generales de Huelva.
Además atrás han quedado las elecciones municipales y el veredicto ciudadano no ha podido ser más aplastante para los socialistas, un poco más y volvemos, como también señale durante los días de campaña, a los tiempos en que desde el mismo socialismo onubense se nos reclamaba a algunos, entre los que me encuentro, que ayudáramos, por el bien de la misma democracia, a forjar un centro derecha en Huelva. No son tiempos ahora de jugarse ayuntamientos ni el control en la Diputación y sí, es verdad, que tenemos por delante en los próximos meses unas elecciones generales y autonómicas en la provincia en cuestión de meses pero la importante implantación socialista, y más después de controlar, nada más y nada menos, que sesenta ayuntamientos hacen poco previsible un vuelco electoral y las distancias entre ambas formaciones se van a mantener en línea con comicios anteriores, escaño autonómico arriba o escaño abajo del PSOE o del PP, pero poco más se disputa cada uno en esta nueva cita ante las urnas. Huelva, en cambio, tanto en la capital como en la provincia, se juega mucho más cosas para avanzar si ambos partidos políticos hablan porque proyectos importantes que generan riqueza y bienestar están estancados y a golpe de sentencia judicial.
Para más inri, todo hace indicar que después de esta nueva campaña de autonómicas y generales, tanto en el PSOE como en el PP, a nivel provincial y secuencialmente con lo que vaya ocurriendo en los liderazgos nacionales y regionales, se va a producir en Huelva cambios en los direcciones de ambas formaciones. Pedro Rodríguez tiene más que asumido, y en la coincidencia ya es general en todos los despachos decisorios, que no es posible compatibilizar la alcaldía de la capital y la presidencia de un partido que requiere mucho tiempo de dedicación para asentarlo en los pueblos de la provincia, tu auténtico talón de Aquiles. Y Javier Barrero, que llegó a caballo de la renovación hace ya más de diez años, no puede perpetuarse en un cargo por más tiempo salvo riesgo de que le salga una corriente interna de contestación con los mismos argumentos que él tan hábilmente esgrimió a la hora de derribar a Carlos Navarrete y a los suyos. Ambos políticos, pues, tienen pocos razones de peso y más a estas alturas de sus respectivas carreras políticas para eludirse mutuamente y más cuando es un clamor, al que se unió hace unas semanas la propia Federación Onubense de Empresarios, la necesidad de que hablen e intenten entenderse en cuestiones que sean beneficiosa para la provincia. Espero de den la talla, que ya es hora, y en esto de la política, y en democracia, lo menos importante es quien da el primer paso sino que ejerzan de una vez los dos de políticos de altura, que como decía el mismo rector de la Universidad de Huelva en unas recientes declaraciones, no es algo de lo que podamos presumir mucho en la provincia, visto lo visto hasta ahora.

La Junta no puede obstaculizar el progreso de la capital

En las agendas del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, hay día y hora fijado en la semana que entra para una reunión de trabajo en el marco de los encuentros que el titular de a comunidad autónoma andaluza viene manteniendo con los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes. La rotunda e implacable sentencia dictada este viernes con la Junta de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia andaluza, con sede en Granada, dado la razón a la Gerencia de Urbanismo de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva, en la tramitación como absolutamente legal del concurso público de adjudicación en su día de los terrenos del Ensanche van a obligar a Manuel Chaves, dada la trascendencia e importancia de la sentencia en lo que es el desarrollo de la capital, a entrar muy cabizbajo y casi pidiendo disculpas a la cita con Pedro Rodríguez. Y todo por culpa de quien dicta los destinos y las decisiones de los máximos representantes de la administración autonómica en la provincia de Huelva, que no son otros que algunos dirigentes concretos de la cúpula provincial socialista. Porque este no es el único varapalo sufrido por la Junta de Andalucía en los últimos tiempos y en los pleitos casi permanentes que abre en el plano jurídico con el Ayuntamiento de Huelva. Hay sentencias, que haría bien el alcalde de Huelva en mostrar al propio Manuel Chaves para que también, en su calidad de jurista, que lo que es como profesor que fue de la Cátedra de Derecho del Trabajo con Miguel Rodríguez Piñero en la Facultad de Derecho de Sevilla, valore la dureza con que algunos jueces se expresan en sus sentencias contra la Junta de Andalucía al valorar que existen más motivaciones políticas y voluntad de obstaculización administrativas en las acciones emprendidas contra el Ayuntamiento de Huelva que razones de peso jurídicas que justifiquen las demandas presentadas. Estoy convencido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con sólo leer las razones y fundamentos expresados por los jueces en las sentencias que ha ido perdiendo la administración autonómica terminaría cortando por lo sano y de inmediato la directriz política que al parecen tienen encomendada muchos delegados provinciales de consejerías para frenar, retrasar, obstaculizar, parar o denegar muchas de las iniciativas que se emprenden desde el Ayuntamiento de Huelva en beneficio de la ciudad, algunas tan importantes como esta del Ensanche, que supuso para las arcas municipales una inyección de dinero importante, o los ocho años que se ha hecho perder al barrio de Isla Chica con todo el proceso del viejo Estadio Colombino.Las cosas, querido alcalde de Huelva, hay que hablar a veces por derecho, en los términos protocolarios que un encuentro de estas características demanda, pero con las verdades del barquero por delante, sin tapujos ni medias tintas. Esto no es cuestión de relaciones entre dos partidos políticos ni entre dos gobernantes públicos, con tonterías y pamplinas como las que vienen haciendo desde la Administración autonómica se frena el desarrollo de una ciudad o lo que s lo mismo la mejora y el bienestar de los ciudadanos que en ella habitan. No se me pasa ni por la imaginación, pues la sentencia es muy contundente en la valoración del por qué se ha dado el silencio administrativo, y eso en términos legales es muy difícil de cuestionar ante un tribunal superior, que desde la Administración autonómica se esté planteando el recurrir ante el Supremo la sentencia dictada. Aparte del enorme retraso que puede conllevar una nueva decisión judicial, y más en el Supremo, donde se aparcan casos y casos en la Sala del Contencioso-Administrativo, es que se volvería a frenar el desarrollo urbano de la capital hacía la ría, hacía la nueva estación del AVE, con los consiguientes perjuicios económicos directos para el Ayuntamiento de Huelva pero también para el conjunto de la ciudadanía que tendría que esperar otros ocho o más años que el nuevo contencioso se desbloqueara. No espero de Manuel Chaves, si tiene conocimiento del fondo del tema y el alcalde actúa de alcalde-alcalde y no como alcalde buena persona simplemente, quiera condenar a la ciudad de Huelva a esta paralización para dar capricho a las peticiones de algunos muy concretos dirigentes socialistas provinciales que siguen con la espina clavada de la pérdida electoral de la capital. El concejal de Urbanismo, Curro Moro, que lo tiene aprendido de la sentencia en contra recibida la semana pasada en el caso Endesa, se ha manifestado muy clarito ante la Junta de Andalucía al anunciar que se pedirán daños y perjuicios económicos si se mantiene la política de obstaculización y eso, hablando en el mundo del urbanismo, puede ser muchos millones de euros porque ya en si misma la demanda ahora denegada ya ha supuesto, por el tiempo en que se ha tardado en fallar desde la Sala, muchos dinero para los propios adjudicatarios del concurso, que no tienen nada que ver en este enfrentamiento entra administraciones pero que sí tiene todo el derecho del mundo a reclamar seguridad jurídica, porque con muchos los millones puestos sobre la mesa para comprar el suelo y van para cuatro los años en que tienen sin actividad enorme inmovilizado de suelo urbanizable, suelo que en el mercado y ya con todos los parabienes jurídicos podría alcanzar un valor cercano a los 500 millones de euros. Sólo aplicando el interés del dinero a esta cifra y los años que se lleva de retraso, y los que podrían darse, dan una cifra de perjuicio y sólo para os adjudicatarios de escándalo. A lo que habría que añadir el del Ayuntamiento de Huelva, también con propiedades de suelo, y los ingresos por no poder otorgar licencias, IBI, etc., etc. Creo que este aviso de Curro Moro, al margen de las decisiones de carácter político, pueden hacer a más uno reflexionar de que ha llegado el momento de conducir los enfrentamientos entre partidos a los debates en los senos de las instituciones sin una utilización tan perversa como la que ha venido haciendo la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Huelva. Manuel Chaves es quien tiene la última palabra y deber del alcalde de Huelva es exigirle es que esta estrategia de acoso y derribo termine de una vez por todas.

Administraciones públicas contra las empresas

Con una situación económica general, casi global, que se va a ir agravando por momento, a juzgar por las cifras macroeconómicas que viene saliendo cada semana, lo único que le faltaba a muchas medianas y pequeñas empresas es soportar sobre sus espaldas la elevada deuda que arrastran con ellas las distintas administraciones públicas, en especial de ámbito local y provincial y sin distingo de formación política gobernante. La Federación Onubense de Empresarios, a través de distintas notas informativas, ha sacado ya a la opinión pública este problema pero mucho nos tememos que ello no será suficiente porque en tiempo de apreturas económicas, como los que se avecinan, las meras actuaciones mediáticas apenas si sirven de ayuda a la hora de sacar adelante el día a día de cada empresa afectada. El problema, como decimos, no es exclusivo de uno u otro gobernante, ni cuestión de dos o tres empresas, sino que afecta a casi todos los ayuntamientos de la provincia, Diputación y también a la propia administración autonómica. Es mucho el dinero que se adeuda por partes de las administraciones públicas y entre los empresarios onubenses de mediano y pequeño volumen empieza a surgir un movimiento de auténtico rebelión y contestación si el problema no se resuelve al que deberá estar atenta la misma organización empresarial si es que quiera estar, como hasta ahora, por delante de las propias inquietudes del mundo de la empresa en Huelva.
Para colmo de colmo en algunos ayuntamientos de la provincia que con motivo de las últimas elecciones se ha cambiado de partido de gobierno, o incluso antes, cuando en el caso de Gibraleón se presentó una moción de censura para derribar al gobierno del PP, también ha surgido otra forma ‘sui generis’ de tratar a las empresas, que no es otra que identificarla según se sea afín o no afín a los nuevos gobernantes municipales. En el mismo ayuntamiento de Gibraleón el concejal socialista encargado de Hacienda ha tenido el descaro de decirle a la cara a un representante de una empresa onubense que le reclamaba el pago de una deuda pendiente desde el año 2004 y 2005, y que asciende a un buen montón de euros, que ellos “primero pagaban a sus proveedores” y después de dicho esto se quedó tan tranquilo ante el desconsuelo y enfado de la empresa que aguanta la deuda municipal desde hace años.
Lo más grave ya no es sólo que exista esa elevada deuda de las administraciones públicas con las empresas onubenses y que está, incluso, venga desde hace varios años coleando y poniendo a muchas empresas en trance de desaparecer, como la misma Federación de Empresarios ha denunciado, sino que el IVA de toda esta deuda ha tenido que ser adelantado por el empresariado a Hacienda en cumplimiento de una legislación tributaria totalmente injusta e ilógica. ¿Cómo pueden pagar las empresas a Hacienda un IVA que no ha recaudado, que no ha cobrado, y más cuanto este mismo proviene de facturaciones a las administraciones públicas que aún no se ha cobrado? Hacer como se viene haciendo, aplicado un sistema tributario de impuesto recaudado en teoría cuando se emite la facturación y no, como sería justo, cuando se cobre de verdad la deuda está conllevando situaciones de asfixia a muchísimas empresas, que ya no sólo es que destinan recursos humanos a contabilizar a favor de Hacienda un impuesto indirecto que no le corresponde, con las correspondientes sanciones si se hace mal, sino que se le obliga, se le demanda a un mes tan sólo de finalizar el ejercicio (a 30 días) que se ingrese en las arcas públicas el diferencial de IVA devengado o soportado. Si, además, el IVA proviene de la facturación no pagada por las mismas administraciones públicas se entra en el contrasentido de que las empresas adelantan al Estado, por vía de la Hacienda pública, un dinero que todavía no ha salido de las mismas arcas del Estado, por vía de las administraciones locales y provincial, con el correspondiente perjuicio económico a la tesorería de muchas y muchas pequeñas y medianas empresas.
El empresariado onubense anda cansado de un escenario ante el que se ven indefenso porque Hacienda, y no es culpa de los funcionarios que se ven obligados a aplicar las normas e instrucciones tributarias que le dan, cuando llega la hora de recadar actuar de manera implacable sin ningún tipo de distingo, aunque la deuda que impiden que muchas empresas paguen en tiempo y forma el IVA provenga del retraso en los pagos desde las mismas administraciones públicas, deuda que, además, tan poco se puede dotar ni que abonar a la hora del cierre anual del impuesto. Si hasta ahora se ha venido aguantando como se ha podido, el panorama que se dibuja de crisis económica que afecta al consumo, construcción y al sector servicio en general puede hacer que muchos empresarios lleguen ante Hacienda con la intención y voluntad de entregarle las llaves de sus empresas. Y que las gobierne y las salven las distintas administraciones públicas que tanto adeudan o esos gobernantes, como el referido de Gibraleón, que discrimina en el pago según de qué color pueda ser la empresa de turno que le viene reclamando el pago del crédito pendiente. La Federación Onubense de Empresarios, que ya tiene conciencia del problema, tendrá que cambiar su política reivindicativa, en línea con las actuaciones sindicales cuando están juego los puestos de trabajo, si quiere salvar a muchas empresas onubenses ante el momento duro que se anuncia. El empresariado no su puede soportar sobre sus únicas espaldas la acción feroz recaudatoria de Hacienda con el IVA y que además este provenga de unas facturas que llevan años por pagar desde la misma Administración, desde el mismo Estado. Y si se tienen que cambiar las leyes y hacer ver al legislador lo injusto del sistema de recaudación, pues habrá que hacerlo pero cuanto ocurre ahora no tiene pies ni cabeza y todo aquello que no es lógico ni racional tarde o temprano termina por estallar.

Una sentencia que deja muchas cosas en su sitio

Si la Justicia en España fuera más rápida en sus decisiones muchos conflictos sociales, políticos y hasta económicos se resolverían sin tanta acritud y confrontación. Más de tres años se llevaba esperando en Huelva la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la sala de lo contencioso, ante la reclamación presentada por Endesa Generación por las decisiones adoptadas en su contra por el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Gerencia de Urbanismo, a los escritos autorización para adecuar el proceso productivo de carácter térmico de la Central de La Punta del Sebo a uno más moderno de ciclo combinado y en estos tres largos años se han celebrado, en el contexto generado por este conflicto inicialmente de ámbito jurídico, dos grandes manifestaciones públicas de la ciudadanía, una a favor de la no implantación de nuevas empresas en la Punta del Sebo (el plan de modernización de Endesa de sus instalaciones entraban en este teórico apartado) y otra a favor de la industria en Huelva, también ha surgido un movimiento, sin aparente control determinado, denominado Mesa de la Ría y el mismo Ayuntamiento de Huelva se vio obligado a firmar un acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales para garantizar la propia seguridad jurídica de las empresas ubicadas en la actualidad en la Punta del Sebo. A lo que debemos unir infinidad de artículos periodísticos, tertulias radiofónicas y televisivas y posicionamientos electorales de algunos partidos políticos.
La sentencia ahora dictada –con mucho retraso, como decimos- por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja muchas cosas claras, pero yo diría que las mismas que ya estaban antes porque la legislación estaba muy clarita y el mismo Plan General de Ordenación Urbana de Huelva en vigor lo venía a recoger como fruto de los acuerdos adoptados en su día por la importante y trascendental Mesa de la Descontaminación de los años 90. Entonces, ¿por qué se empecinamiento de la Gerencia de Urbanismo de Huelva y de sus técnicos por mantener unas nuevas posiciones tan cerradas que ahora descabalga por completo la sentencia dictada? Eso es lo que desde el plano político tendrá que analizar ahora con mucho detenimiento pero total determinación el grupo municipal del PP que gobierna la ciudad con el amplio respaldo mayoritario de las últimas elecciones. De sobra es conocida la posición beligerante y guerrera del Colegio de Arquitectos de Huelva contra la ubicación de la industria en la Punta del Sebo y no debe pasarse por alto que los interpretadores técnicos de las normas urbanísticas de la capital son funcionarios municipales pero a la vez miembros de este Colegio. Hasta dónde hay confluencia de posiciones ideológicas, por encima de las mismas normas, es la gran duda que a muchos nos queda después de una sentencia tan rotunda como contundente
No puede recaer la responsabilidad de esta sentencia sobre el lado político porque es obligación de todos los gestores públicos someterse al dictamen y a los informes de los técnicos y más en cuestiones de legalidad. Porque si hubiera ocurrido al revés, que los políticos hubieran adoptado una decisión sin el aval de los técnicos, es muy posible que la acción promovida por el mismo Colegio de Arquitectos no sería otra que una demanda por presunta prevaricación contra los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo que se hubieran pronunciado a favor de las autorizaciones a Endesa en su día para que pudiera construir la central de ciclo combinado. La pregunta ahora, que dirigimos a los miembros del Colegio de Arquitectos, es qué debe hacer el lado político del Ayuntamiento de Huelva contra sus técnicos municipales que de manera tan grave se han equivocado en sus interpretaciones de la legalidad vigente, según el alto tribunal andaluz. ¿Van a pagar ellos, acaso, los daños y perjuicios con los que se condena al Ayuntamiento de Huelva y como tal a todos los ciudadanos que posiblemente veremos incrementados los impuestos para hacer frente a una indemnización que puede superar los 7 millones de euros? ¿O responderá el Colegio de Arquitectos con los fondos que viene destinando a las campañas promovidas contra la industria en Huelva?De lo que no hay duda es de que a partir de este momento, y tal vez también para otros muchos asuntos, vista el síndrome colegial que afecta a la Gerencia de Urbanismo, que los gestores públicos y políticos van a tener que relativizar muchos informes jurídicos que en materia urbanística le firmen sus técnicos. Y no debemos olvidar que por delante hay cuestiones de tanto calado para la ciudad como el procedimiento administrativo del Ensanche o la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La decisión de acudir a un segundo dictamen, de experto imparcial, tendrá que ser el camino a seguir por parte de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo de Huelva, tanto para avalar las tesis de sus propios técnicos como para blindarse jurídicamente ante decisiones de carácter político adoptadas en contra de los mismos. El Colegio de Arquitectos de Huelva, que tiene toda la legitimidad del mundo para abrir, mantener y defender posiciones en debates de interés público, debe meditar también hasta qué punto sus posiciones extremas puedan estar condicionando las decisiones de sus colegiados en otros ámbitos de la esfera administrativa, porque detrás de todo técnico municipal hay una persona humana y como tal sujeta a presiones, influencias y contextos de ámbito tan cerrado a veces como el de los colegios profesionales. Y conste que no culpo a nadie de haber obrado con mala fe de manera premeditada, sólo digo y mantengo que todo cuanto ha ocurrido se ha visto enmarcado por una atmósfera de enorme crispación social donde ha sobrado mucha subjetividad y ha faltado la objetividad que se espera de la mera función técnica. La que ahora ha sabido poner, a kilómetros de distancia., es verdad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Llega tarde pero ha dejado las cosas por fin en su sitio, al menos en el lado jurídico. A ver si la clase política sabe sacar de él una buena lección para lo mucho que queda por decidir en el futuro del urbanismo de la capital.

La Diputación, en deuda con la capital

Dos fueron los ejes principales que los medios de comunicación destacaron del discurso de Petronila Guerrero el día de su toma de posesión como nueva presidenta de la Diputación Provincial: la ‘sorprendente’ y ‘peregrina’ idea de echar a la Universidad del edificio de La Merced (debate que se cortó en seco, como era de esperar, en cuanto el rector dejó claro que se cumplirían al cien por cien el convenio existente y que el edificio seguirá siendo universitario por muchos años) y la petición al Ayuntamiento de Huelva de compartir, como también está escrito, el uso del Gran Teatro, lugar monumental y único para el desarrollo de las actividades escénicas y musicales en la capital. Si, como henos dicho, la primera petición nos pareció hasta desleal con la Universidad y que de haberla hecho un gobernante popular hubiera tenido una durísima contestación desde casi todos los grupos políticos, en especial el PSOE (algo que como prueba fidedigna del estado de parálisis total que sufre la oposición política en la provincia no ha ocurrido contra la dirigente socialista), la segunda propuesta, de entrada, parecía razonable y positiva en esa lealtad y colaboración institucional que debe darse entre Diputación de Huelva y el Ayuntamiento capitalino.A partir de aquí se ha producido un primer encuentro, casi protocolario, entre los dos máximos rectores de ambos organismos, Petronila Guerrero y Pedro Rodríguez, y con posterioridad una carta formal de la primera reclamando la constitución de una comisión paritaria para abordar el uso conjunto del edificio de Gran Teatro, propuesta inicial que no ha encontrado una oposición cerrada en el Ayuntamiento de Huelva, quien sólo ha recordado, y con mucha razón, que habrá que compensar antes los doce años que lleva aguantando en solitario el sostenimiento, mantenimiento, mejora y rehabilitación de este espacio público sin que desde la Diputación se le haya preguntado a cuánto sale el reparto de estos gastos que por convenio se deberían asumido a dúo y que ahora, para ser justo, tendrán que cuantificarse y abonarse para compensar la política de abandono renuncia ejercida por los responsables del organismo provincial.Si se cierran, con justicia y equidad, como hemos comentado, estas cuentas pendientes habría que valorar de positiva e interesante esta segunda propuesta de la nueva presidenta de la Diputación en su discurso porque no parece lógico ni de recibo que el organismo provincial, con cuantiosos presupuestos para el desarrollo de actividades culturales, haya excluido de este reparto a la capital durante tantos años. La Corporación Provincial representa, gestiona y emplea fondos públicos con destino a todos los municipios de la provincia y el de la capital es uno más de ellos hasta representar casi al 30% de la población. Por equidad proporcional le corresponde también recibir del organismo provincial servicios y contraprestaciones, entre ellas, como una más, parte del presupuesto destinado a actividades culturales. Lo que no es lógico ni leal es que durante doce años haya hecho ‘mutis’ por el foro, desligándose de la gestión compartida del Gran Teatro y de la promoción de actividades en su seno. Porque lo único que ha cambiado en estos doce años con respecto a la etapa anterior, de cogestión, es los rectores que gobiernan una y otra institución, que antes eran ambos del PSOE y en estos doce años han sido del PP y del PSOE. El criterio partidista en el destino de los fondos públicos no puede ser el principal argumento del bueno gobierno en una institución pública y de eso podríamos hablar largo y tendido, siendo éste del Gran Teatro sólo un botón de muestra más de las caprichosas decisiones que se adoptan en el reparto del presupuesto del organismo provincial. Petronila Guerrero ha dicho que va a visitar los 79 municipios de la provincia y es también una buena idea, salvo que ahora en sesenta, los gobernados por los socialistas, apenas si escuchará reproches del modo en que han sido tratados algunos pueblos en estos últimos años por la única razón de estar gobernando por un partido distinto del que lo hacía en la Diputación Provincial. Si el mapa político provincial se hubiera mantenido en iguales términos que en las elecciones municipales del 2003 pues otro gallo cantaría y los alcaldes que han aguantado las injusticias del organismo provincial le iban a decir a Petronila Guerrero muchas verdades.Este momento, de diálogo entre Diputación y ayuntamiento capitalino, debería ser también aprovechado por el propio alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, para echar cuenta sobre los recursos provinciales que son destinados a su municipio, que como uno más forma parte de la provincia y como tal debe recibir en el mismo grado de igualdad que los demás porque todos sus ciudadanos son también ciudadanos de la provincia y pagadores de los impuestos públicos que luego administra el organismo provincial. ¿Qué inversiones ha hecho la Diputación en la capital en los últimos doce años? ¿Qué actividades culturales, sociales, deportivas, etc. ha promovido? ¿Qué beneficios ha recibido la capital de la gestión socialista? En el Gran Teatro, la petición de Petronila Guerrero, sólo ha hecho recordar a muchos, incluido a lo mejor al propio alcalde, que por eso se ha prestado veloz a acudir a la cita protocolaria, que la Diputación Provincial tiene la obligación legal y la obligación pública de destinar recursos para la capital, no es de recibo esta dejadez en doce años de un edificio que se concibió desde la cogestión de las dos instituciones públicas por el simple motivo de que el Ayuntamiento de Huelva cambió de gobierno municipal por decisión libre de los ciudadanos. Esperemos que empiecen a verse unos nuevos tiempos de colaboración real y sincera entre administraciones porque todos los ciudadanos son iguales en todos los municipios de la provincia, gobierne quien los gobiernen, y estamos hartos y cansados de vivir una etapa de sectarismo, marginaciones y diferencias partidistas impropia de un sistema democrático y constitucional, que ha dado ya síntomas de cansancio y hastío con importantes descensos en la participación electoral en las últimas consultas convocadas. Los políticos, en general, tienen que recuperar mucho crédito perdido y eso empieza por ejercer sin tapujos como auténticos gobernantes públicos y no partidistas.

Una acertada combinación AVE y aeropuerto

Ya comenté en un anterior artículo que me había llamado la atención el avance que se percibe desde el mismo AVE, de viaje a Madrid o vuelta, del futuro aeropuerto de Ciudad Real, proyecto que ha sido promovido por la acción conjunta de la iniciativa privada y de la pública de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Algo parecido al que se pretende en Huelva, con la coincidencia, además, de que empresas que trabajaron en sus inicios para esta importante infraestructura manchega lo hacen ahora para la sociedad constituida por la Diputación de Huelva y la Cámara de Comercio para sacar adelante el proyecto en la provincia onubense. En esta semana, de viaje nuevamente a Madrid, me ha llamado la atención la proximidad de la terminal de pasajeros a las vías del AVE y ello debe llevar implícito en un inmediato futuro la construcción de una terminal ex profesa del tren para conectar el aeropuerto de manera directa con Madrid y otras capitales, lo cual, sin duda, da un enorme atractivo a este conexión aérea y ferroviaria que coloca a los pasajeros que lleguen por avión en poco más de media hora del centro de la capital de España. Analizando la coincidencia también compruebo que las nuevas vías que se han construido del AVE entre Sevilla y Cádiz, infraestructura ya muy avanzada y casi a punto de finalizarse en el tramo Jerez-Cádiz también pasa a escasos metros de la terminal del aeropuerto jerezano y me imagino que ello conllevará, igualmente, en un paso siguiente la construcción de una terminal de pasajeros para el tren.
En Huelva, a estas alturas, no estamos tan bien situados como en las provincias de Cádiz y Ciudad Real, donde hablamos de realidades, pero sí es cierto que en estos momentos se está decidiendo la ubicación del futuro aeropuerto –la presidenta de la Diputación ha dicho en una entrevista reciente que en tres meses habrá noticias concretas- y está en fase de proyecto o de estudio de impacto medioambiental el trazado de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, así como la construcción de la nueva estación en la capital, en los terrenos próximos al barrio del Matadero, ya lindando con lo que será el proyecto urbanístico del Ensanche. No se sabe ni nada se comenta si las administraciones que impulsan ambas infraestructuras, la Central, Ministerio de Fomento, y Diputación Provincial, se han sentado a hablar de cómo complementar ambas terminales y vías de comunicación. Desde luego no me encaja mucho cuando se da casi por hecho que el futuro aeropuerto vaya en los términos de Lepe o Gibraleón porque el trazado de la línea férrea no va ni por asomo por esos términos sino que desde Niebla cruza San Juan del Puerto para entrar en Huelva capital. De ser cierto lo de Lepe o Gibraleón estaríamos desaprovechando ambas terminales y generando un problema grave de conexión entre ambas que ahora mismo, cuando estamos en fase de proyecto, podría resolverse con enorme facilidad. Colocar una terminal de aeropuerto en Huelva a media hora de conexión de alta velocidad con Sevilla capital daría un mayor valor al proyecto onubense que puede incidir, incluso, en su propia rentabilidad futura. Por lo tanto, ahora que estamos a tiempo, hay que sopesar mucho lo que se hace y contemplar todas las posibilidades de complementariedad entre ambas obras.
Desde luego si ambas terminales se quieren unir o aproximar para que los pasajeros estén a tiro de piedras de ambas conexiones algo se tiene que cambiar en el trazado previsto de la línea férrea o los que proyectan la ubicación futura del aeropuerto se lo tienen que llevar hacia el triángulo que conforman Niebla, San Juan del Puerto y Trigueros, muy cerca, además de la autovía Sevilla-Huelva-Ayamonte. A lo mejor esto se carga algunas inversiones millonarias que algunos han hecho para hacerse con terrenos en los términos de Gibraleón y que en algunos círculos se comentó como el principal motivo de la moción de censura contra los dirigentes del PP. Se ha rumoreado que algunos propietarios recibieron cantidades astronómicas por terrenos rústicos y de secano, pero como digo son rumores y luego nadie confirma la veracidad de estas leyendas que circulan. Al final, cuando se conozca la ubicación y los propietarios de los terrenos y quien han comprado al lado, sabremos cuanto de cierto había en estas cosas. No me creo nada de nada y estoy convencido de que desde la Diputación y desde la misma Cámara de Comercio, como promotores del aeropuerto, se tiene también que está pensando en la forma de conectar el mismo con la línea de alta velocidad y esto se logrará, con una terminal específica incluida, si ambos proyectos están próximos. Como he visto en Ciudad Real y como ha se ha hecho en Jerez de la Frontera. Estas cuestiones que comento parecen simplezas de un artículo dominguero de un periodista más pero luego cuando pasa el tiempo, decisiones mal planteadas, como se hizo en su día ubicando las fábricas en la Avenida Montenegro porque no estaba construido el puente sobre el Tinto, pues terminan por pasar factura. En los años 60 había prisas por hacer un desarrollo y se tenía que coger las inversiones a prisa y corriendo, ahora no vamos tan de prisa –más quisiéramos- los gobernantes tienen tiempo de reflexionar y ver los pro y los contra, sin presiones de inversores amigos que tienen diseñado ya el negocio que se pueda generar en torno al futuro aeropuerto de Huelva. Te esperamos Petronila dentro de los tres meses que te has dado para saber si con tu llegada también algo empieza a cambiar en la Diputación de Huelva, que no sean sólo y exclusivamente la red de asesores y de medios amigos.

Ha llegado la hora de los agentes sociales

Si caliente y entretenida será la vuelta de los dirigentes políticos después del periodo estival más importancia tiene para mi el papel que en los próximos meses deben jugar los agentes sociales de la provincia de Huelva. Pocos dudan ya, incluido el propio ministro de Economía, Solbes, que este viernes pasado tuvo que acudir a la rueda de prensa con los periodistas tras el Consejo de Ministros, de que estamos ante un momento cuanto menos delicado de la economía, de la gran economía y de la economía doméstica, de la familiar. Las fuertes turbulencias financieras de agosto, que obligaron a la intervención conjunta de los tres principales bancos centrales el mundo (Estados Unidos, Unión Europea y Japón), tendrán, posiblemente, sus efectos en los grandes mercados de capitales una vez que se diagnostique con exactitud el alcance de quebranto económico provocado por las hipotecas ‘basuras’ americanas pero existe otro efecto inducido, el psicológico, que sí ha llegado con tremenda facilidad a las familias por la gran repercusión mediática que nuestro mundo globalizado impone. Un toque de bola en Estados Unidos, que se localiza en unas hipotecas dadas con pocas garantías a familias con escasos recursos, provoca un efecto billar en el otro lado del planeta y hay quien, incluso, en España, en estos días, ha anunciado un ‘parón abrupto’, en seco, de la economía, que sigue creciendo, de momento, en porcentajes del cuatro por ciento. Sea lo que sea y estudiosos hay para cuestiones tan complejas, en la vida cotidiana, en el día a día de la calle, lo cierto verdad es que el parón consumista se ha producido y se ha dado en toda regla desde que comenzó el verano de forma notable en toda la zona costera onubense.
Ya escribimos hace semanas que había quien ha denominado esta temporada veraniega en el litoral como la de las tres ‘p’: pipas, paseo y playa, si bien algún otro contertuliano de terraza estival me apuntaba que le sumara otra ‘p’, la de las papas fritas. La forma de describir el modelo de consumo en bares y restaurantes en estos meses de julio y agosto en las playas, que normalmente se veían otros veranos repleta de familias, es un fiel retrato de cuanto está ocurriendo. Creo que el comercio de Huelva, pasadas ya las rebajas, tendrá ya hecho su diagnóstico y no digamos el hotelero, que sigue llenando los hoteles con ofertas de última hora a precios de gangas. Representantes de los campos de golf hablan también de menos salidas en lo que llevamos de año y la construcción evidencia síntomas más que preocupantes cuando se comparan las cifras de ventas de obra nueva con respecto a años anteriores. Algo, pues, está ocurriendo en el hasta ahora flamante modelo económico español que heredó el gobierno Zapatero del buen hacer de los ocho años de gobierno popular con Aznar y de lo que todavía no existe evaluación hecha es del efecto que pueda darse en los próximos meses y de su repercusión en cada uno de los modelos de desarrollo económico de cada territorio.
A nosotros, porque estamos en Huelva y escribimos para un periódico provincial, nos preocupa, como es lógica y natural, la provincia de Huelva porque su crecimiento de los últimos años ha estado basado en sectores que ahora puede verse muy golpeados si entramos en ese parón económico que se vislumbra. ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestro modelo económico de cara a los próximos años para atravesar esta etapa? ¿Están diagnosticados los perjuicios y las posibles soluciones? ¿A quién corresponde hacerlo? Muchas preguntas en el alero a la vuelta de estas vacaciones pero todas ellas con mucho fundamento si quienes tienen que estar interesados por este bienestar de la ciudadanía se acercaran un poco, nada más que un poquito, a hablar con la gente de a pie, con la gente de calle. Como confío muy poco en estos momentos en la clase política de Huelva en general, que anda sólo y exclusivamente decidiendo en clave de estructura orgánica colocada y subsidiada para asegurarse resultados elecciones, me veo en la obligación de hacer una llamada a los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales. Porque si hay crisis económica, si viene esa crisis económicas, o si se da ese parón en seco de la economía, lo que no debe darse en que nos coja desprevenidos y teniendo que apagar fuegos sociales de empresas en dificultades. Con un dato añadido a tener en cuenta, existe una población flotante importante de inmigrantes en la provincia que han cubierto las demandas de empleo en los negocios que ahora, precisamente, puede sufrir el parón en seco del consumo, en especial hostelería y pequeño comercio. Habrá que ofrecerles trabajo a ellos, aunque sea en el campo, antes de irse por la Europa del este o norte de África en busca de temporeros para cubrir con garantía las campañas agrícolas. Es un apunte, una reflexión nada más. Ahora bien alguien tendría que estar analizando el conjunto de la economía onubense para regular estos flujos de trabajo. Porque luego vienen las prisas y los disgustos cuando estemos en el ‘ojo’ de la crisis, si es que esta se diera.
Tarea hay, por tanto, para los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, y hasta para ese Consejo Económico y Social de la capital y el que Petronila Guerrero quiere constituir en la Diputación Provincial. Como decía renglones arriba la economía de calle, si quieren unirle también las operaciones que ahora hacen los bancos cada día en las notarías, presagian una fuerte contención de los recursos disponibles de las familias y un ajuste del cinturón en toda regla. Esto tiene al final que repercutir en las empresas por las propias reglas de la economía y ahí es dónde se espera una acción adelantada de los agentes sociales de la provincia para orientar con habilidad y eficacia el modelo económico de desarrollo que ahora tenemos, de la misma manera que deben entrar en juego los distintos departamentos de estudios de la Universidad de Huelva. Analizar a toro pasado es fácil, lo difícil pero agradecido es cuando uno se adelanta a los acontecimientos y más en cuestiones de economía. Ganas tengo de echar un rato con Fernando Faces, en alguna charla de San Telmo, porque estoy seguro de que él y otros especialistas ya tienen claro lo que se nos puede venir encima. Y mira que todo ha arrancando en Estados Unidos, qué curioso, con unas simples hipotecas ‘basuras’ que ahora las economías familiares no puede pagar. ¿Le suena usted a algo, amigo lector, en su casa, con esta subida galopante del euroibor que le cambia el recibo de la hipotecas cada mes?