Petronila, lo que se da no se quita

«Petronila, lo que se da no se quita». Algo así debe estar pensando todavía la comunidad universitaria onubense desde que escuchó a la nueva y flamante presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, convertir en el eje principal de su discurso de toma de posesión la recuperación de edificio de La Merced, hoy sede de tres titulaciones académicas y uno de los centros más emblemáticos de la ansiada Universidad de Huelva. Además, Petronila Guerrero se fue a decir tal cosa al mismo patio central de La Merced ya que quiso, tal vez porque quería tomar posesión también simbólica de él desde ese mismo momento, que la constitución de la nueva Corporación salida del 27-M y su investidura como presidenta se trasladaran desde la sede central del organismo provincial, en la Gran Vía, un lugar mucho más acondicionado para este tipo de actos, al histórico monumento de La Merced. El rector, Francisco José Martínez López, y su junta de gobierno guardan un prudente silencio, porque conocen bien los acuerdos de cesión por muchos años que están firmados y no es cuestión de debatir en público lo que tan amarrado y sellado está.
Ahora bien, desde el lado político, no entiendo muy bien el silencio del resto de los grupos presentes en la nueva Corporación Provincial ante una reclamación de este magnitud –no sé muy bien si caprichosa o necesaria– que le hace la Diputación a la Universidad, una Universidad que anda todavía, como quien dice, dando sus primeros pasos y a la que le quedan por pagar muchos millones de euros de inversión por los centros construidos y que todavía necesita modernizar y edificar nuevas instalaciones para desarrollar su actividad académica. ¿Imaginan ustedes que quien hace esta reclamación, con tan magna tacañería como desparpajo, fuera el alcalde de Huelva? Los gritos de Manuela Parralo –le recuerdo a los socialistas lo dicho en campaña: su éxito o fracaso era de todos, no sólo de ella, por lo que convendría que no le apretaran más porque se irá cuando ella lo crea conveniente, no cuando se le intente acorralar como política y, quizás también, como mujer– de la misma Petronila Guerrero y no digamos de Javier Barrero y su guardián pretoriano, Mario Jiménez, se escucharían hasta más allá de Despeñaperros, reclamando al mismísimo PP que diera el cese a Pedro Rodríguez por estar en contra, ni más ni menos, que de la Universidad de Huelva. Pues nada, Petronila Guerrero, como presidenta de la Diputación, le quiere quitar a la Universidad uno de sus edificios más importantes, en el que se imparten clases a miles de alumnos, y aquí la oposición ni se inmuta; todavía hay quien hasta le ríe la gracia y le coloca un puente de plata para ver si lo logra durante su mandato. Como si de esto se tratase gobernar, quitar lo que se ha dado para que Huelva pudiera contar a la mayor rapidez con unos centros universitarios de primer nivel.
MRepaso, por otra parte, la justificación de tal petición y no encuentro motivo por ningún lado, máxime cuando el organismo provincial es una de las administraciones más boyantes de Huelva, a juzgar por como juega con los dineros públicos colocando a asesores por doquier a razón de 40.000 euros de media. La misma crisis socialista sucesoria de Cartaya –Millán, que el otro día andaba por el hospital Infanta Elena, no debe estar muy contento de este ‘navajeo’ político después de la obra política que ha hecho durante tantos años en su pueblo– se quería despachar hace unos días al secretario local de la agrupación socialista, Juan Miguel Polo (para comparar su rango en el ámbito local es similar al de Barrero como secretario provincial del PSOE) para que le dejara libre el camino al ambicioso Miguel Novoa (el de los 44 cambios de normas subsidiarias sin pasar por hacer un nuevo PGOU, que ya es caradura la cosa en el plano de la normativa urbanística) con un sueldo como asesor en la Diputación Provincial. Lo mismo tiene prometido y, no sé si ya cumplido, el ex alcalde de Ayamonte, Rafael González, y posiblemente todos los pocos –menos mal que esta vez son pocos porque los socialistas se lo han llevado todo en la provincia– portavoces del PSOE que hayan quedado como oposición municipal en los ayuntamientos gobernados por otras fuerzas políticas. Me decía hace unos meses un funcionario de la Diputación que en su departamento llegaban todos los meses cajas de nóminas que nadie abría y que pasados los meses los conserjes se encargaban de tirar. Me imagino que como muchos asesores de 40.000 euros/año, cobraban vía transferencia pues ni se desplazaban de sus pueblos para venir a la Diputación a recoger la nómina cada mes. Con este panorama, con lo que sabemos todos que se ha convertido el organismo provincial en estos años, ¿cómo se puede iniciar un mandato, querida Petronila, queriéndole quitar a la Universidad de Huelva lo que se le ha dado? ¿Para colocar en este edificio a más funcionarios nombrados a dedo? ¿Para qué entonces? ¿Tan poca importancia le damos a las necesidades de la Universidad de Huelva? ¿Se le ha preguntado acaso al rector, antes de un pronunciamiento reivindicativo tan categórico, si hacía ya falta o no el edificio de La Merced? Porque lo que se da no se quita, y menos de estas maneras tan injustificadas como innecesarias. Pero, claro, con oposición tan blanda como la tenida hasta ahora en la Diputación todo es posible y mucho más que nos queda por ver y escuchar en cuanto se firmen los ‘convenios’ publicitarios, ahora reclamados, que le quitaron a algunos para dárselos a otros de cara a la campaña electoral.

Viñedos del Condado ante la reforma de la OCM

Se quiera o no, en menos de un año, año entrará en vigor la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del Vino planteada por la Comisión Europea y ésta tendrá una enorme repercusión socio-económica y hasta medioambiental en la zona del Condado de Huelva, donde todavía hay cinco mil hectáreas de viñedos que conviven, muchos de ellos por el método tradicional y sin adaptarse a las nuevas formas de plantación, con otros cultivos con mayor nivel de rentabilidad (caso de la fresa). Es verdad que la reestructuración ya se hizo años atrás y que los viticultores que quedan, entre cooperativistas y empresarios independientes unos 2.500, tienen mayor implicación en los nuevos métodos de producción y se ha trabajado, en especial desde el lado cooperativo, en mejorar mucho al sector con la acertada acción comercial de la propia Denominación de Origen Condado de Huelva que preside un buen conocedor de este mundo como es Manuel Infantes.
Sin embargo nadie puede estar tranquilo ante lo que se avecina cuando la reforma hace una apuesta por la liberalización (en unos años los derechos de plantación, que hoy se cotizan en torno a los 2400 euros por hectáreas, no valdrán nada), el arranque de los viñedos con subvenciones que en el primer años podrían superar los 7.000 euros por hectáreas y se van a suprimir también las ayudas a la destilación del vino de alcohol en boca y el mosto. Además se van a flexibilizar las normas de crianza y quedarán establecidas nuevas clasificaciones para el vino: los comunes, con indicación geográfica protegida y, finalmente, con Denominación de Origen Protegida. Unas propuestas de este calado, teniendo en cuenta que la zona de viñedos del Condado no está enmarcada, precisamente, en el modelo de viticultura por la que apuesta la reforma, vinos de alta calidad que compitan con marca en un mercado totalmente liberalizado, es para preocupar muy seriamente puesto que puede llevarse de golpe todo un modelo socioeconómico de desarrollo en el Condado, de ahí que desde la misma Denominación de Origen y la Fundación Doñana 21 se trabaja ya en algo así como una declaración de cultivo a proteger en torno al propio Parque Nacional de Doñana.
Cuando llegan este tipo de reformas, que además llevan aparejadas dotaciones económicas para que se puedan acometer, siempre hay que bajar a analizar el interés último del viticultor, del que trabaja la tierra durante todo un año y hace número al final para ver si le compensan a o no los resultados obtenidos, un análisis legítimo en cualquier modelo económico empresarial no subvencionado y sometido a las pérdidas y ganancias de una cuenta de explotación. En este sentido, la rentabilidad por kilo de uva producida cada cosecha para los viticultores es bajísima en el Condado si la comparamos con otras zonas del país y menos mal que, como mínimo, con la actividad cooperativista se tiene asegurado que la producción no se queda en los viñedos, como por ejemplo ha pasado estos años en los campos onubenses con la naranja y empieza a pasar con las sandías. A mí, cuando he empezado a conocer y profundizar en este sector, me ha llamado poderosamente la atención que el kilo de uva se venga pagando a 0,18 céntimos media año (unas 30 pesetas) y que en zona como las del Priorato, en Tarragona, se alcance casi los 2 euros (unas 360 pesetas). Es verdad que allí se prima mucho la calidad del racimo y en el Condado, porque ha sido durante años, se sigue trabajando la cantidad de racimos por cepas y con ello se vende al peso. Pero es que aquí radica, al parecer, el objetivo de la reforma, bajar en cantidad y subir en calidad de los caldos europeos para que puedan competir en los mercados internacionales con los florecientes vinos australianos, surafricanos, chilenos o argentinos, muchas de cuyas marcas ya habrá degustado usted mismo en algún que otro restaurante a unos precios no muy elevados en razón a la calidad ofrecida.Estamos ante una reforma, por tanto, muy seria que coge al Condado de Huelva en una fase de transición en su modelo de producción, que no es tan primitivo como el de años atrás y donde se ha echado mucho dinero en la comercialización de los vinos para que no queden tantos excedentes, pero que ataca de manera directa una cultura empresarial no preparada para competir con marcas propias y prestigiadas en un mercado liberalizado. No sé cuánto le queda a Isaías Pérez Saldaña al frente de la Consejería de Agricultura –en los mentideros políticos se rumorea que Manuel Chaves hará cambios en su Gobierno de manera inminente- y es de todos conocidos que la Denominación de Origen del Condado de Huelva ha sido una de las más apoyadas durante su mandato con fuertes inyecciones de dinero para promoción de sus vinos. En los tiempos que vienen seguir contando con un político de Huelva comprometido en una Consejería que puede ser clave en esta reforma del Vino que llegará, que llegará de manera inevitable, tendría que ser una prioridad para los dirigentes socialistas porque el futuro de toda una comarca está en juego y no son estas unas palabras escritas a la ligera para cerrar un articulo. Y mi impresión es que estamos muy pocos preparados para lo que se nos viene encima.