A qué esperan los ayuntamientos en su SOS

Ha sido terminar la campaña electoral, qué curioso, y ya hay casi unanimidad en cuanto al cristal con que miramos la realidad de la economía española e, inclusive, en el pronóstico de que lo peor falta todavía por llegar. Nosotros lo venimos escribiendo desde el verano del año pasado y a los gobernantes socialistas es ahora cuando se lo empiezo a escuchar, con el hándicap de que no hay tomada ninguna sola medida ni se piensa hacer, por lo visto, hasta que el presidente Rodríguez Zapatero quede investido como tal y se constituya el nuevo Gobierno. Por delante tiene un enorme desafío que pondrá a prueba su capacidad o no como gobernante, pues lo que tenemos no se resuelve con cuatro leyes progresistas para sector muy concretos de la sociedad sino que toca de lleno a la estabilidad económica y social de todo un país.
Los socialistas son especialistas en saber marcar los tiempos en base a sus propios intereses electorales. Hasta ayer no había crisis por ningún sitio y los que hablábamos o escribíamos de ellos se nos tomaba por catastrofista. En Huelva, en el asunto de la balsas de los fosfoyesos ha sido terminar la campaña electoral y que la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, marcara su plazo hasta el 2011 para finalicen los vertidos de Fertiberia en cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia. Lo podían haber dicho antes, antes incluso de la manifestación por la industria del 19 de febrero. Los trabajadores hubieran tenido muchas más claras sus ideas en torno al futuro que le espera. Pero sin los tiempos electorales, como los tiempos estos de la visión real de la economía española. Ahora sí, ahora si hay crisis y de las gordas, con previsiones de crecimiento que apenas llegan al 2% y con una estimación muy pesimista sobre los efectos perversos del sector de la construcción y de la misma banca española.
En esta aceptación de la realidad sigo echando en falta la voz de los ayuntamientos, de sus alcaldes, de los alcaldes de todos los partidos políticos porque todos tienen los mismos problemas de endeudamiento de falta de recursos económicos para hacer frente a las muchas competencias que han ido asumiendo y que corresponden a otras administraciones públicas. El Estado, como Administración Central, ha podido terminar el año 2007 con superávit, y de eso han alardeado Solbes y Rodríguez Zapatero, pero no sé muy bien cómo le saldrían las cuentas si le restamos los déficit de las autonomías, diputaciones, ayuntamientos y las empresas públicas que se han ido constituyendo para disfrazar muchas cuentas. ¿No piensan hablar los representantes municipales? Hasta el momento el único que se ha atrevido a hacerlo, y con bastante sensatez, es el alcalde popular de Málaga capital solicitando al Gobierno que no aplique el pacto de estabilidad presupuestaria porque los ayuntamientos entonces se quedarán sin hacer inversiones públicas que contrarrestar a la nula inversión privada que se espera.
¿Y el efecto del parón de la construcción en las arcas municipales se ha estudiado? Lamentarse en cada despacho de alcaldía de que “no llegamos” ni para “pagar la nómina” es de mucha torpeza. Lo que urge, antes de que la situación vaya a peor, es que se aborden los gravísimos problemas económicos de los ayuntamientos y diputaciones con la seriedad y crudeza que merece. Su paralización financiera produce un efecto multiplicador en el sector privado y son muchos los proveedores que ya no sirven las peticiones que les llegan desde los servicios municipales. Lo conocen a la perfección los funcionarios, que se escandalizan, incluso, cuando observan a sus regidores gastar en auténticas ‘payasadas’ cuando faltan los uniformes para el verano a la policía municipal o las luces fundidas de los semáforos. Y podría poner ejemplos concretos de ayuntamientos de la provincia de Huelva con esta situación tan precaria. Si desde algún organismo fiscalizador se diera a conocer el déficit real de nuestros setenta y nueve ayuntamientos el montante total escandalizaría. Y lo que es más grave, los imposibilita para actuar de dinamizadores de la economía local en cada municipio, el tan cacareado desarrollo local que tanto fervor como seguidores tuvo en la década de los 90. Toca, pues, el turno de hablar a los alcaldes de los ayuntamientos, de exponer la situación real y de obligar al Estado y a la autonomía andaluza a que acudan en su ayuda financiera. Mientras más tiempo pase mayor será el problema porque ya no hay licencia que dar ni suelo que vender; bueno, vender sí, que te lo vengan a comprar esa ya es otra cuestión.

Administración de Justicia al descubierto

Es la primera vez que escribo de la inocente Mari Luz desde su desaparición. Como otros muchos ciudadanos he seguido día a día el calvario de sus padres y familiares y me parecía más respetuoso no añadir con unas líneas de texto en un periódico mayor incertidumbre y desasosiego a quienes con sólo mencionar su nombre tanto ya estaban padeciendo. Eso no supone cuestionar ni un ápice la meritoria labor de tantos y tantos medios de comunicación que durante estos meses han permanecido atentos a todo cuanto iba aconteciendo, contribuyendo, además, con la difusión de su risueña imagen infantil a que todos perseveraran en esa búsqueda que, al final, resultó infructuosa.
La forma en como se han ido sucediendo los acontecimientos, desde la aparición del cadáver de la pequeñita ese viernes cuando se cerraba la campaña electoral del 9 de marzo hasta la detención y puesta a disposición judicial, junto al descubrimiento de sus antecedentes delictivos, del presunto asesino nos tiene a muchos totalmente desconcertado. Son muchas las preguntas que nos hacemos y no hay periódico que abro o radio y televisión que escuchó o veo que no aborde con las mismas interrogantes y cuestionamientos este caso. Creo que marcará un antes y un después en la misma Administración de la Justicia española, en su funcionamiento y en la revisión de los procesos que se siguen en la tramitación administrativa-judicial de un sumario y de una sentencia. Puede que la vida de muchos niños inocentes se salven porque ocurrió esta muerte tan trágica y tan horrorosamente injusta. Y digo simplemente que puede ser porque las palabras del decano de los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se tendría que haber impartido justicia y haber puesto entre rejas al pederasta criminal, me han dejado tremendamente preocupado. Me imagino que con profundo conocimiento del funcionamiento interno actual de la Administración de la Justicia, este decano de los jueces ha dicho con total contundencia y claridad que “puede volver a ocurrir”, que puede ocurrir, en resumen, que delincuentes y asesinos ya sentenciados puedan permanecer en nuestras calles porque los juzgados no puede asumir la carga de procesos que tienen en la actualidad. Con otras palabras, ya mía, que la Administración de Justicia no funciona por la saturación que padece y que, aparte de cualquier error humano o descuido funcionarial, el problema radica pura y llanamente en una falta de medios técnicos y humanos para poder responder a la alta demanda de conflictividad social que padecemos.
La muerte de Mari Luz ha venido a poner al descubierto, por tanto, la tremenda incoherencia que se produce entre una administración que vende a bombo y platillo la importancia de una sociedad de la información, procesos informatizados y redes intercomunicadas en cuestión de segundos con archivos de información compartidos, y unos juzgados donde siguen en la prehistoria de la informática y con unos recursos muy limitados. Un condenado suelto por las calles matando porque la sentencia no se ejecutó por un juzgado mientras en otro mismo juzgado, y por otras mismas causas, tenía que presentarse cada 15 días sin que en los archivos de los servicios de Seguridad del Estado apareciera ninguna orden de detención sobre este sujeto. ¿Puede una mente tan loca y retorcida llegar a burlarse tan fácilmente de nuestro sistema de seguridad y de justicia? En algo muy gordo, desde luego, estamos fallando como Estado de Derecho en la Administración de la Justicia. Y quiero alertar de que si estas grietas tan enormes se producen en unos tiempos que ha sido de bonanza económica y de superávit, según el Gobierno de España, en las cuentas del Estado, qué nos puede ocurrir cuando tengamos menos desahogo económico y se engorde la bolsa de parados en España con el mayor aumento de población tan diversa como heterogénea que ya tenemos en este país. ¿Tenemos certeza de que nuestra Administración de Justicia puede responder? El decano de los jueces de la Audiencia de Sevilla lo ha avisado: Esto puede vuelve a ocurrir. Y ante esto toca el turno de los gobernantes y representantes públicos que han resultado elegidos el pasado 9 de marzo. La política no es gesticular y discutir entre formaciones políticas, lamentando situaciones como la de Mari Luz o solidarizándose con su familia. La política está para resolver las necesidades sociales y en el funcionamiento de la Administración de la Justicia hay un socavón inmenso.