Administraciones públicas contra las empresas

Con una situación económica general, casi global, que se va a ir agravando por momento, a juzgar por las cifras macroeconómicas que viene saliendo cada semana, lo único que le faltaba a muchas medianas y pequeñas empresas es soportar sobre sus espaldas la elevada deuda que arrastran con ellas las distintas administraciones públicas, en especial de ámbito local y provincial y sin distingo de formación política gobernante. La Federación Onubense de Empresarios, a través de distintas notas informativas, ha sacado ya a la opinión pública este problema pero mucho nos tememos que ello no será suficiente porque en tiempo de apreturas económicas, como los que se avecinan, las meras actuaciones mediáticas apenas si sirven de ayuda a la hora de sacar adelante el día a día de cada empresa afectada. El problema, como decimos, no es exclusivo de uno u otro gobernante, ni cuestión de dos o tres empresas, sino que afecta a casi todos los ayuntamientos de la provincia, Diputación y también a la propia administración autonómica. Es mucho el dinero que se adeuda por partes de las administraciones públicas y entre los empresarios onubenses de mediano y pequeño volumen empieza a surgir un movimiento de auténtico rebelión y contestación si el problema no se resuelve al que deberá estar atenta la misma organización empresarial si es que quiera estar, como hasta ahora, por delante de las propias inquietudes del mundo de la empresa en Huelva.
Para colmo de colmo en algunos ayuntamientos de la provincia que con motivo de las últimas elecciones se ha cambiado de partido de gobierno, o incluso antes, cuando en el caso de Gibraleón se presentó una moción de censura para derribar al gobierno del PP, también ha surgido otra forma ‘sui generis’ de tratar a las empresas, que no es otra que identificarla según se sea afín o no afín a los nuevos gobernantes municipales. En el mismo ayuntamiento de Gibraleón el concejal socialista encargado de Hacienda ha tenido el descaro de decirle a la cara a un representante de una empresa onubense que le reclamaba el pago de una deuda pendiente desde el año 2004 y 2005, y que asciende a un buen montón de euros, que ellos “primero pagaban a sus proveedores” y después de dicho esto se quedó tan tranquilo ante el desconsuelo y enfado de la empresa que aguanta la deuda municipal desde hace años.
Lo más grave ya no es sólo que exista esa elevada deuda de las administraciones públicas con las empresas onubenses y que está, incluso, venga desde hace varios años coleando y poniendo a muchas empresas en trance de desaparecer, como la misma Federación de Empresarios ha denunciado, sino que el IVA de toda esta deuda ha tenido que ser adelantado por el empresariado a Hacienda en cumplimiento de una legislación tributaria totalmente injusta e ilógica. ¿Cómo pueden pagar las empresas a Hacienda un IVA que no ha recaudado, que no ha cobrado, y más cuanto este mismo proviene de facturaciones a las administraciones públicas que aún no se ha cobrado? Hacer como se viene haciendo, aplicado un sistema tributario de impuesto recaudado en teoría cuando se emite la facturación y no, como sería justo, cuando se cobre de verdad la deuda está conllevando situaciones de asfixia a muchísimas empresas, que ya no sólo es que destinan recursos humanos a contabilizar a favor de Hacienda un impuesto indirecto que no le corresponde, con las correspondientes sanciones si se hace mal, sino que se le obliga, se le demanda a un mes tan sólo de finalizar el ejercicio (a 30 días) que se ingrese en las arcas públicas el diferencial de IVA devengado o soportado. Si, además, el IVA proviene de la facturación no pagada por las mismas administraciones públicas se entra en el contrasentido de que las empresas adelantan al Estado, por vía de la Hacienda pública, un dinero que todavía no ha salido de las mismas arcas del Estado, por vía de las administraciones locales y provincial, con el correspondiente perjuicio económico a la tesorería de muchas y muchas pequeñas y medianas empresas.
El empresariado onubense anda cansado de un escenario ante el que se ven indefenso porque Hacienda, y no es culpa de los funcionarios que se ven obligados a aplicar las normas e instrucciones tributarias que le dan, cuando llega la hora de recadar actuar de manera implacable sin ningún tipo de distingo, aunque la deuda que impiden que muchas empresas paguen en tiempo y forma el IVA provenga del retraso en los pagos desde las mismas administraciones públicas, deuda que, además, tan poco se puede dotar ni que abonar a la hora del cierre anual del impuesto. Si hasta ahora se ha venido aguantando como se ha podido, el panorama que se dibuja de crisis económica que afecta al consumo, construcción y al sector servicio en general puede hacer que muchos empresarios lleguen ante Hacienda con la intención y voluntad de entregarle las llaves de sus empresas. Y que las gobierne y las salven las distintas administraciones públicas que tanto adeudan o esos gobernantes, como el referido de Gibraleón, que discrimina en el pago según de qué color pueda ser la empresa de turno que le viene reclamando el pago del crédito pendiente. La Federación Onubense de Empresarios, que ya tiene conciencia del problema, tendrá que cambiar su política reivindicativa, en línea con las actuaciones sindicales cuando están juego los puestos de trabajo, si quiere salvar a muchas empresas onubenses ante el momento duro que se anuncia. El empresariado no su puede soportar sobre sus únicas espaldas la acción feroz recaudatoria de Hacienda con el IVA y que además este provenga de unas facturas que llevan años por pagar desde la misma Administración, desde el mismo Estado. Y si se tienen que cambiar las leyes y hacer ver al legislador lo injusto del sistema de recaudación, pues habrá que hacerlo pero cuanto ocurre ahora no tiene pies ni cabeza y todo aquello que no es lógico ni racional tarde o temprano termina por estallar.

Una sentencia que deja muchas cosas en su sitio

Si la Justicia en España fuera más rápida en sus decisiones muchos conflictos sociales, políticos y hasta económicos se resolverían sin tanta acritud y confrontación. Más de tres años se llevaba esperando en Huelva la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la sala de lo contencioso, ante la reclamación presentada por Endesa Generación por las decisiones adoptadas en su contra por el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Gerencia de Urbanismo, a los escritos autorización para adecuar el proceso productivo de carácter térmico de la Central de La Punta del Sebo a uno más moderno de ciclo combinado y en estos tres largos años se han celebrado, en el contexto generado por este conflicto inicialmente de ámbito jurídico, dos grandes manifestaciones públicas de la ciudadanía, una a favor de la no implantación de nuevas empresas en la Punta del Sebo (el plan de modernización de Endesa de sus instalaciones entraban en este teórico apartado) y otra a favor de la industria en Huelva, también ha surgido un movimiento, sin aparente control determinado, denominado Mesa de la Ría y el mismo Ayuntamiento de Huelva se vio obligado a firmar un acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales para garantizar la propia seguridad jurídica de las empresas ubicadas en la actualidad en la Punta del Sebo. A lo que debemos unir infinidad de artículos periodísticos, tertulias radiofónicas y televisivas y posicionamientos electorales de algunos partidos políticos.
La sentencia ahora dictada –con mucho retraso, como decimos- por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja muchas cosas claras, pero yo diría que las mismas que ya estaban antes porque la legislación estaba muy clarita y el mismo Plan General de Ordenación Urbana de Huelva en vigor lo venía a recoger como fruto de los acuerdos adoptados en su día por la importante y trascendental Mesa de la Descontaminación de los años 90. Entonces, ¿por qué se empecinamiento de la Gerencia de Urbanismo de Huelva y de sus técnicos por mantener unas nuevas posiciones tan cerradas que ahora descabalga por completo la sentencia dictada? Eso es lo que desde el plano político tendrá que analizar ahora con mucho detenimiento pero total determinación el grupo municipal del PP que gobierna la ciudad con el amplio respaldo mayoritario de las últimas elecciones. De sobra es conocida la posición beligerante y guerrera del Colegio de Arquitectos de Huelva contra la ubicación de la industria en la Punta del Sebo y no debe pasarse por alto que los interpretadores técnicos de las normas urbanísticas de la capital son funcionarios municipales pero a la vez miembros de este Colegio. Hasta dónde hay confluencia de posiciones ideológicas, por encima de las mismas normas, es la gran duda que a muchos nos queda después de una sentencia tan rotunda como contundente
No puede recaer la responsabilidad de esta sentencia sobre el lado político porque es obligación de todos los gestores públicos someterse al dictamen y a los informes de los técnicos y más en cuestiones de legalidad. Porque si hubiera ocurrido al revés, que los políticos hubieran adoptado una decisión sin el aval de los técnicos, es muy posible que la acción promovida por el mismo Colegio de Arquitectos no sería otra que una demanda por presunta prevaricación contra los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo que se hubieran pronunciado a favor de las autorizaciones a Endesa en su día para que pudiera construir la central de ciclo combinado. La pregunta ahora, que dirigimos a los miembros del Colegio de Arquitectos, es qué debe hacer el lado político del Ayuntamiento de Huelva contra sus técnicos municipales que de manera tan grave se han equivocado en sus interpretaciones de la legalidad vigente, según el alto tribunal andaluz. ¿Van a pagar ellos, acaso, los daños y perjuicios con los que se condena al Ayuntamiento de Huelva y como tal a todos los ciudadanos que posiblemente veremos incrementados los impuestos para hacer frente a una indemnización que puede superar los 7 millones de euros? ¿O responderá el Colegio de Arquitectos con los fondos que viene destinando a las campañas promovidas contra la industria en Huelva?De lo que no hay duda es de que a partir de este momento, y tal vez también para otros muchos asuntos, vista el síndrome colegial que afecta a la Gerencia de Urbanismo, que los gestores públicos y políticos van a tener que relativizar muchos informes jurídicos que en materia urbanística le firmen sus técnicos. Y no debemos olvidar que por delante hay cuestiones de tanto calado para la ciudad como el procedimiento administrativo del Ensanche o la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La decisión de acudir a un segundo dictamen, de experto imparcial, tendrá que ser el camino a seguir por parte de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo de Huelva, tanto para avalar las tesis de sus propios técnicos como para blindarse jurídicamente ante decisiones de carácter político adoptadas en contra de los mismos. El Colegio de Arquitectos de Huelva, que tiene toda la legitimidad del mundo para abrir, mantener y defender posiciones en debates de interés público, debe meditar también hasta qué punto sus posiciones extremas puedan estar condicionando las decisiones de sus colegiados en otros ámbitos de la esfera administrativa, porque detrás de todo técnico municipal hay una persona humana y como tal sujeta a presiones, influencias y contextos de ámbito tan cerrado a veces como el de los colegios profesionales. Y conste que no culpo a nadie de haber obrado con mala fe de manera premeditada, sólo digo y mantengo que todo cuanto ha ocurrido se ha visto enmarcado por una atmósfera de enorme crispación social donde ha sobrado mucha subjetividad y ha faltado la objetividad que se espera de la mera función técnica. La que ahora ha sabido poner, a kilómetros de distancia., es verdad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Llega tarde pero ha dejado las cosas por fin en su sitio, al menos en el lado jurídico. A ver si la clase política sabe sacar de él una buena lección para lo mucho que queda por decidir en el futuro del urbanismo de la capital.