A falta de las mancomunidades y empresas públicas (todas ellas también en manos del control más absoluto del PSOE), y después de la constitución formal este pasado viernes de la Diputación Provincial, la vida municipal resultante del 27 de mayo ha quedado plenamente normalizada. Toca, ahora, gobernar; gobernar bien pero, a la vez, gobernar para todos. Esta frase, que habremos escuchado mucho en tiempos de campaña, resulta muy bonita de pronunciar y de citar en boca de todos los políticos y la verdad es que cuando se analizan situaciones reales vividas en anteriores legislaturas se llega a la conclusión de que la visión partidista, la concesión de una sociedad dividida entre los que me apoyan y los que no me apoyan, entre los alcaldes que son míos y los que no lo son, están a la orden del día. Recuerda a la España de los liberales y conservadores, que entraban unos y salían otros en medio de un país cada vez más dividido y enfrentado, que terminó como terminó en la década de los 30 del siglo XX.
En campaña electoral existen diferencias partidistas y todos los candidatos están legitimados para luchar por el voto. Pasado este periodo, y en la vida municipal ya ha pasado, todos los que asumen tareas de gobierno en las distintas administraciones tienen la obligación constitucional de tratar a todos por igual, a todos los ciudadanos, a todos los pueblos y a todos sus alcaldes. Esto convencido de que mucha de la pasividad ciudadana a la hora de acudir a las urnas tiene mucho que ver con la concepción cada vez más partidista, más sectaria, más discriminatoria que se exhiban desde muchos despachos oficiales. Vamos, que cuando llegan el ciudadano de turno, la empresa de turno o el alcalde de un pueblo, se le hace la ficha, si es amigo o enemigo, y a partir de ahí se adoptan las decisiones o se tramitan con mayor o menor celeridad, con mayor o menor éxito, el expediente. O todo un Plan General de Ordenación Urbana.
Viene esta larga introducción de conceptos a justificar mi análisis posterior. Hay quienes en el seno del PSOE de Huelva todavía no se explican el por qué del resultado electoral tan pobre obtenido en la capital si lo comparamos con el esfuerzo económico realizado, derroches de medios puestos a disposición de la candidata Manuela Parralo y armazón mediático montado a prisa y corriendo para darle cobertura, cuando según muchos dirigentes socialistas el candidato y alcalde popular, Pedro Rodríguez, tiene carencias como político de ‘libro’. Yo soy de los que piensan que el gran problema de los socialistas en la capital no estriba tanto en el candidato/a que se ponga en cada ocasión como en la percepción existente en la ciudadanía en general, desde el año 99, cuando la radical oposición del PSOE a la salvación del Recreativo de Huelva, de que los dirigentes socialistas de la provincia actúan en contra de los intereses de la capital. Que no se trata a los ciudadanos por igual, que se discrimina a los onubenses por el simple hecho de haber votado en libertad a favor de un determinado candidato. Miremos, sino, la estrategia de oposición sistemática del Grupo Municipal Socialista durante los últimos años, acudiendo un día sí y otro también a los Tribunales para paralizar las decisiones municipales, muchas veces con perjuicio directo a ciudadanos o empresas con nombres y apellidos. O el trato dado durante ocho años a toda la barriada de Isla Chica, paralizando el adecentamiento y modernización de los terrenos del viejo Estadio, ocho años a los que si sumamos los dos o tres que se tardarán en verse hecho realidad el nuevo proyecto urbanístico, nos lleva a sumar casi doce años de tardanza en algo tan vital para miles de onubenses y que se ha estado zancadilleando desde la Administración autonómica socialista, principalmente, porque venía de la mano de una Administración local gobernada por los populares. Doce años son muchos en la vida de una ciudad, son varias generaciones de onubenses las que se han visto perjudicada por esta ausencia de lealtad y colaboración institucional. Y eso es inadmisible, intolerable y como decía antes, en la introducción, anticonstitucional, pero sobre todo es una forma de concebir y hacer política que lo único que logra es el rechazo ciudadano a todo el mundo político. Las diferencias ideológicas crean adversarios, no enemigos. El sistema de partidos políticos para la representación soberana del pueblo no es sectarismo ni discriminación llevado hasta el extremo de dividir la sociedad todos los días y a todas las horas. La transición enseñó muchas cosas a muchos de los que la vivimos, la más importante para mí: que existen matices, que es necesaria la pluralidad, la tolerancia y el diálogo, tanto entre las personas con diferente visión de la realidad y cómo acometer programas de gobierno, como también el diálogo entre partidos políticos e instituciones. Javier Barrero, como secretario general del PSOE, y Pedro Rodríguez, como presidente del PP, por poner un ejemplo, no pueden llegar a los sitios como si no se conocieran de nada y negando la existencia pública el uno al otro. Nuestra sociedad pide que se hablen y que se acometan los proyectos públicos con visión de conjunto y como de interés general que son. Mal vamos a ir en los próximos años como no se corrija este gravísimo defecto y vicio que muestra de manera alarmante nuestro sistema democrático. A nosotros, aunque sólo sea desde la esquina de la hoja impresa de un periódico, nos toca de momento denunciarlo. Lealtad institucional y gobierno, de verdad, para todos, a todos los ayuntamientos un trato por igual y que todos los alcaldes –sean del color que sean- ante las administraciones, empezando por la Diputación (estimada Petronila Guerrero), no tengan color político ni preferencias partidistas. Tan difícil no es, sólo ser y llanamente un buen demócrata antes que un buen socialista o popular. En clave orgánica, un hombre/mujer de partido y del partido.
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