Administraciones públicas contra las empresas

Con una situación económica general, casi global, que se va a ir agravando por momento, a juzgar por las cifras macroeconómicas que viene saliendo cada semana, lo único que le faltaba a muchas medianas y pequeñas empresas es soportar sobre sus espaldas la elevada deuda que arrastran con ellas las distintas administraciones públicas, en especial de ámbito local y provincial y sin distingo de formación política gobernante. La Federación Onubense de Empresarios, a través de distintas notas informativas, ha sacado ya a la opinión pública este problema pero mucho nos tememos que ello no será suficiente porque en tiempo de apreturas económicas, como los que se avecinan, las meras actuaciones mediáticas apenas si sirven de ayuda a la hora de sacar adelante el día a día de cada empresa afectada. El problema, como decimos, no es exclusivo de uno u otro gobernante, ni cuestión de dos o tres empresas, sino que afecta a casi todos los ayuntamientos de la provincia, Diputación y también a la propia administración autonómica. Es mucho el dinero que se adeuda por partes de las administraciones públicas y entre los empresarios onubenses de mediano y pequeño volumen empieza a surgir un movimiento de auténtico rebelión y contestación si el problema no se resuelve al que deberá estar atenta la misma organización empresarial si es que quiera estar, como hasta ahora, por delante de las propias inquietudes del mundo de la empresa en Huelva.
Para colmo de colmo en algunos ayuntamientos de la provincia que con motivo de las últimas elecciones se ha cambiado de partido de gobierno, o incluso antes, cuando en el caso de Gibraleón se presentó una moción de censura para derribar al gobierno del PP, también ha surgido otra forma ‘sui generis’ de tratar a las empresas, que no es otra que identificarla según se sea afín o no afín a los nuevos gobernantes municipales. En el mismo ayuntamiento de Gibraleón el concejal socialista encargado de Hacienda ha tenido el descaro de decirle a la cara a un representante de una empresa onubense que le reclamaba el pago de una deuda pendiente desde el año 2004 y 2005, y que asciende a un buen montón de euros, que ellos “primero pagaban a sus proveedores” y después de dicho esto se quedó tan tranquilo ante el desconsuelo y enfado de la empresa que aguanta la deuda municipal desde hace años.
Lo más grave ya no es sólo que exista esa elevada deuda de las administraciones públicas con las empresas onubenses y que está, incluso, venga desde hace varios años coleando y poniendo a muchas empresas en trance de desaparecer, como la misma Federación de Empresarios ha denunciado, sino que el IVA de toda esta deuda ha tenido que ser adelantado por el empresariado a Hacienda en cumplimiento de una legislación tributaria totalmente injusta e ilógica. ¿Cómo pueden pagar las empresas a Hacienda un IVA que no ha recaudado, que no ha cobrado, y más cuanto este mismo proviene de facturaciones a las administraciones públicas que aún no se ha cobrado? Hacer como se viene haciendo, aplicado un sistema tributario de impuesto recaudado en teoría cuando se emite la facturación y no, como sería justo, cuando se cobre de verdad la deuda está conllevando situaciones de asfixia a muchísimas empresas, que ya no sólo es que destinan recursos humanos a contabilizar a favor de Hacienda un impuesto indirecto que no le corresponde, con las correspondientes sanciones si se hace mal, sino que se le obliga, se le demanda a un mes tan sólo de finalizar el ejercicio (a 30 días) que se ingrese en las arcas públicas el diferencial de IVA devengado o soportado. Si, además, el IVA proviene de la facturación no pagada por las mismas administraciones públicas se entra en el contrasentido de que las empresas adelantan al Estado, por vía de la Hacienda pública, un dinero que todavía no ha salido de las mismas arcas del Estado, por vía de las administraciones locales y provincial, con el correspondiente perjuicio económico a la tesorería de muchas y muchas pequeñas y medianas empresas.
El empresariado onubense anda cansado de un escenario ante el que se ven indefenso porque Hacienda, y no es culpa de los funcionarios que se ven obligados a aplicar las normas e instrucciones tributarias que le dan, cuando llega la hora de recadar actuar de manera implacable sin ningún tipo de distingo, aunque la deuda que impiden que muchas empresas paguen en tiempo y forma el IVA provenga del retraso en los pagos desde las mismas administraciones públicas, deuda que, además, tan poco se puede dotar ni que abonar a la hora del cierre anual del impuesto. Si hasta ahora se ha venido aguantando como se ha podido, el panorama que se dibuja de crisis económica que afecta al consumo, construcción y al sector servicio en general puede hacer que muchos empresarios lleguen ante Hacienda con la intención y voluntad de entregarle las llaves de sus empresas. Y que las gobierne y las salven las distintas administraciones públicas que tanto adeudan o esos gobernantes, como el referido de Gibraleón, que discrimina en el pago según de qué color pueda ser la empresa de turno que le viene reclamando el pago del crédito pendiente. La Federación Onubense de Empresarios, que ya tiene conciencia del problema, tendrá que cambiar su política reivindicativa, en línea con las actuaciones sindicales cuando están juego los puestos de trabajo, si quiere salvar a muchas empresas onubenses ante el momento duro que se anuncia. El empresariado no su puede soportar sobre sus únicas espaldas la acción feroz recaudatoria de Hacienda con el IVA y que además este provenga de unas facturas que llevan años por pagar desde la misma Administración, desde el mismo Estado. Y si se tienen que cambiar las leyes y hacer ver al legislador lo injusto del sistema de recaudación, pues habrá que hacerlo pero cuanto ocurre ahora no tiene pies ni cabeza y todo aquello que no es lógico ni racional tarde o temprano termina por estallar.