La Junta no puede obstaculizar el progreso de la capital

En las agendas del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, hay día y hora fijado en la semana que entra para una reunión de trabajo en el marco de los encuentros que el titular de a comunidad autónoma andaluza viene manteniendo con los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes. La rotunda e implacable sentencia dictada este viernes con la Junta de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia andaluza, con sede en Granada, dado la razón a la Gerencia de Urbanismo de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva, en la tramitación como absolutamente legal del concurso público de adjudicación en su día de los terrenos del Ensanche van a obligar a Manuel Chaves, dada la trascendencia e importancia de la sentencia en lo que es el desarrollo de la capital, a entrar muy cabizbajo y casi pidiendo disculpas a la cita con Pedro Rodríguez. Y todo por culpa de quien dicta los destinos y las decisiones de los máximos representantes de la administración autonómica en la provincia de Huelva, que no son otros que algunos dirigentes concretos de la cúpula provincial socialista. Porque este no es el único varapalo sufrido por la Junta de Andalucía en los últimos tiempos y en los pleitos casi permanentes que abre en el plano jurídico con el Ayuntamiento de Huelva. Hay sentencias, que haría bien el alcalde de Huelva en mostrar al propio Manuel Chaves para que también, en su calidad de jurista, que lo que es como profesor que fue de la Cátedra de Derecho del Trabajo con Miguel Rodríguez Piñero en la Facultad de Derecho de Sevilla, valore la dureza con que algunos jueces se expresan en sus sentencias contra la Junta de Andalucía al valorar que existen más motivaciones políticas y voluntad de obstaculización administrativas en las acciones emprendidas contra el Ayuntamiento de Huelva que razones de peso jurídicas que justifiquen las demandas presentadas. Estoy convencido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con sólo leer las razones y fundamentos expresados por los jueces en las sentencias que ha ido perdiendo la administración autonómica terminaría cortando por lo sano y de inmediato la directriz política que al parecen tienen encomendada muchos delegados provinciales de consejerías para frenar, retrasar, obstaculizar, parar o denegar muchas de las iniciativas que se emprenden desde el Ayuntamiento de Huelva en beneficio de la ciudad, algunas tan importantes como esta del Ensanche, que supuso para las arcas municipales una inyección de dinero importante, o los ocho años que se ha hecho perder al barrio de Isla Chica con todo el proceso del viejo Estadio Colombino.Las cosas, querido alcalde de Huelva, hay que hablar a veces por derecho, en los términos protocolarios que un encuentro de estas características demanda, pero con las verdades del barquero por delante, sin tapujos ni medias tintas. Esto no es cuestión de relaciones entre dos partidos políticos ni entre dos gobernantes públicos, con tonterías y pamplinas como las que vienen haciendo desde la Administración autonómica se frena el desarrollo de una ciudad o lo que s lo mismo la mejora y el bienestar de los ciudadanos que en ella habitan. No se me pasa ni por la imaginación, pues la sentencia es muy contundente en la valoración del por qué se ha dado el silencio administrativo, y eso en términos legales es muy difícil de cuestionar ante un tribunal superior, que desde la Administración autonómica se esté planteando el recurrir ante el Supremo la sentencia dictada. Aparte del enorme retraso que puede conllevar una nueva decisión judicial, y más en el Supremo, donde se aparcan casos y casos en la Sala del Contencioso-Administrativo, es que se volvería a frenar el desarrollo urbano de la capital hacía la ría, hacía la nueva estación del AVE, con los consiguientes perjuicios económicos directos para el Ayuntamiento de Huelva pero también para el conjunto de la ciudadanía que tendría que esperar otros ocho o más años que el nuevo contencioso se desbloqueara. No espero de Manuel Chaves, si tiene conocimiento del fondo del tema y el alcalde actúa de alcalde-alcalde y no como alcalde buena persona simplemente, quiera condenar a la ciudad de Huelva a esta paralización para dar capricho a las peticiones de algunos muy concretos dirigentes socialistas provinciales que siguen con la espina clavada de la pérdida electoral de la capital. El concejal de Urbanismo, Curro Moro, que lo tiene aprendido de la sentencia en contra recibida la semana pasada en el caso Endesa, se ha manifestado muy clarito ante la Junta de Andalucía al anunciar que se pedirán daños y perjuicios económicos si se mantiene la política de obstaculización y eso, hablando en el mundo del urbanismo, puede ser muchos millones de euros porque ya en si misma la demanda ahora denegada ya ha supuesto, por el tiempo en que se ha tardado en fallar desde la Sala, muchos dinero para los propios adjudicatarios del concurso, que no tienen nada que ver en este enfrentamiento entra administraciones pero que sí tiene todo el derecho del mundo a reclamar seguridad jurídica, porque con muchos los millones puestos sobre la mesa para comprar el suelo y van para cuatro los años en que tienen sin actividad enorme inmovilizado de suelo urbanizable, suelo que en el mercado y ya con todos los parabienes jurídicos podría alcanzar un valor cercano a los 500 millones de euros. Sólo aplicando el interés del dinero a esta cifra y los años que se lleva de retraso, y los que podrían darse, dan una cifra de perjuicio y sólo para os adjudicatarios de escándalo. A lo que habría que añadir el del Ayuntamiento de Huelva, también con propiedades de suelo, y los ingresos por no poder otorgar licencias, IBI, etc., etc. Creo que este aviso de Curro Moro, al margen de las decisiones de carácter político, pueden hacer a más uno reflexionar de que ha llegado el momento de conducir los enfrentamientos entre partidos a los debates en los senos de las instituciones sin una utilización tan perversa como la que ha venido haciendo la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Huelva. Manuel Chaves es quien tiene la última palabra y deber del alcalde de Huelva es exigirle es que esta estrategia de acoso y derribo termine de una vez por todas.