Es la primera vez que escribo de la inocente Mari Luz desde su desaparición. Como otros muchos ciudadanos he seguido día a día el calvario de sus padres y familiares y me parecía más respetuoso no añadir con unas líneas de texto en un periódico mayor incertidumbre y desasosiego a quienes con sólo mencionar su nombre tanto ya estaban padeciendo. Eso no supone cuestionar ni un ápice la meritoria labor de tantos y tantos medios de comunicación que durante estos meses han permanecido atentos a todo cuanto iba aconteciendo, contribuyendo, además, con la difusión de su risueña imagen infantil a que todos perseveraran en esa búsqueda que, al final, resultó infructuosa.
La forma en como se han ido sucediendo los acontecimientos, desde la aparición del cadáver de la pequeñita ese viernes cuando se cerraba la campaña electoral del 9 de marzo hasta la detención y puesta a disposición judicial, junto al descubrimiento de sus antecedentes delictivos, del presunto asesino nos tiene a muchos totalmente desconcertado. Son muchas las preguntas que nos hacemos y no hay periódico que abro o radio y televisión que escuchó o veo que no aborde con las mismas interrogantes y cuestionamientos este caso. Creo que marcará un antes y un después en la misma Administración de la Justicia española, en su funcionamiento y en la revisión de los procesos que se siguen en la tramitación administrativa-judicial de un sumario y de una sentencia. Puede que la vida de muchos niños inocentes se salven porque ocurrió esta muerte tan trágica y tan horrorosamente injusta. Y digo simplemente que puede ser porque las palabras del decano de los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se tendría que haber impartido justicia y haber puesto entre rejas al pederasta criminal, me han dejado tremendamente preocupado. Me imagino que con profundo conocimiento del funcionamiento interno actual de la Administración de la Justicia, este decano de los jueces ha dicho con total contundencia y claridad que “puede volver a ocurrir”, que puede ocurrir, en resumen, que delincuentes y asesinos ya sentenciados puedan permanecer en nuestras calles porque los juzgados no puede asumir la carga de procesos que tienen en la actualidad. Con otras palabras, ya mía, que la Administración de Justicia no funciona por la saturación que padece y que, aparte de cualquier error humano o descuido funcionarial, el problema radica pura y llanamente en una falta de medios técnicos y humanos para poder responder a la alta demanda de conflictividad social que padecemos.
La muerte de Mari Luz ha venido a poner al descubierto, por tanto, la tremenda incoherencia que se produce entre una administración que vende a bombo y platillo la importancia de una sociedad de la información, procesos informatizados y redes intercomunicadas en cuestión de segundos con archivos de información compartidos, y unos juzgados donde siguen en la prehistoria de la informática y con unos recursos muy limitados. Un condenado suelto por las calles matando porque la sentencia no se ejecutó por un juzgado mientras en otro mismo juzgado, y por otras mismas causas, tenía que presentarse cada 15 días sin que en los archivos de los servicios de Seguridad del Estado apareciera ninguna orden de detención sobre este sujeto. ¿Puede una mente tan loca y retorcida llegar a burlarse tan fácilmente de nuestro sistema de seguridad y de justicia? En algo muy gordo, desde luego, estamos fallando como Estado de Derecho en la Administración de la Justicia. Y quiero alertar de que si estas grietas tan enormes se producen en unos tiempos que ha sido de bonanza económica y de superávit, según el Gobierno de España, en las cuentas del Estado, qué nos puede ocurrir cuando tengamos menos desahogo económico y se engorde la bolsa de parados en España con el mayor aumento de población tan diversa como heterogénea que ya tenemos en este país. ¿Tenemos certeza de que nuestra Administración de Justicia puede responder? El decano de los jueces de la Audiencia de Sevilla lo ha avisado: Esto puede vuelve a ocurrir. Y ante esto toca el turno de los gobernantes y representantes públicos que han resultado elegidos el pasado 9 de marzo. La política no es gesticular y discutir entre formaciones políticas, lamentando situaciones como la de Mari Luz o solidarizándose con su familia. La política está para resolver las necesidades sociales y en el funcionamiento de la Administración de la Justicia hay un socavón inmenso.
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