Ha sido terminar la campaña electoral, qué curioso, y ya hay casi unanimidad en cuanto al cristal con que miramos la realidad de la economía española e, inclusive, en el pronóstico de que lo peor falta todavía por llegar. Nosotros lo venimos escribiendo desde el verano del año pasado y a los gobernantes socialistas es ahora cuando se lo empiezo a escuchar, con el hándicap de que no hay tomada ninguna sola medida ni se piensa hacer, por lo visto, hasta que el presidente Rodríguez Zapatero quede investido como tal y se constituya el nuevo Gobierno. Por delante tiene un enorme desafío que pondrá a prueba su capacidad o no como gobernante, pues lo que tenemos no se resuelve con cuatro leyes progresistas para sector muy concretos de la sociedad sino que toca de lleno a la estabilidad económica y social de todo un país.
Los socialistas son especialistas en saber marcar los tiempos en base a sus propios intereses electorales. Hasta ayer no había crisis por ningún sitio y los que hablábamos o escribíamos de ellos se nos tomaba por catastrofista. En Huelva, en el asunto de la balsas de los fosfoyesos ha sido terminar la campaña electoral y que la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, marcara su plazo hasta el 2011 para finalicen los vertidos de Fertiberia en cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia. Lo podían haber dicho antes, antes incluso de la manifestación por la industria del 19 de febrero. Los trabajadores hubieran tenido muchas más claras sus ideas en torno al futuro que le espera. Pero sin los tiempos electorales, como los tiempos estos de la visión real de la economía española. Ahora sí, ahora si hay crisis y de las gordas, con previsiones de crecimiento que apenas llegan al 2% y con una estimación muy pesimista sobre los efectos perversos del sector de la construcción y de la misma banca española.
En esta aceptación de la realidad sigo echando en falta la voz de los ayuntamientos, de sus alcaldes, de los alcaldes de todos los partidos políticos porque todos tienen los mismos problemas de endeudamiento de falta de recursos económicos para hacer frente a las muchas competencias que han ido asumiendo y que corresponden a otras administraciones públicas. El Estado, como Administración Central, ha podido terminar el año 2007 con superávit, y de eso han alardeado Solbes y Rodríguez Zapatero, pero no sé muy bien cómo le saldrían las cuentas si le restamos los déficit de las autonomías, diputaciones, ayuntamientos y las empresas públicas que se han ido constituyendo para disfrazar muchas cuentas. ¿No piensan hablar los representantes municipales? Hasta el momento el único que se ha atrevido a hacerlo, y con bastante sensatez, es el alcalde popular de Málaga capital solicitando al Gobierno que no aplique el pacto de estabilidad presupuestaria porque los ayuntamientos entonces se quedarán sin hacer inversiones públicas que contrarrestar a la nula inversión privada que se espera.
¿Y el efecto del parón de la construcción en las arcas municipales se ha estudiado? Lamentarse en cada despacho de alcaldía de que “no llegamos” ni para “pagar la nómina” es de mucha torpeza. Lo que urge, antes de que la situación vaya a peor, es que se aborden los gravísimos problemas económicos de los ayuntamientos y diputaciones con la seriedad y crudeza que merece. Su paralización financiera produce un efecto multiplicador en el sector privado y son muchos los proveedores que ya no sirven las peticiones que les llegan desde los servicios municipales. Lo conocen a la perfección los funcionarios, que se escandalizan, incluso, cuando observan a sus regidores gastar en auténticas ‘payasadas’ cuando faltan los uniformes para el verano a la policía municipal o las luces fundidas de los semáforos. Y podría poner ejemplos concretos de ayuntamientos de la provincia de Huelva con esta situación tan precaria. Si desde algún organismo fiscalizador se diera a conocer el déficit real de nuestros setenta y nueve ayuntamientos el montante total escandalizaría. Y lo que es más grave, los imposibilita para actuar de dinamizadores de la economía local en cada municipio, el tan cacareado desarrollo local que tanto fervor como seguidores tuvo en la década de los 90. Toca, pues, el turno de hablar a los alcaldes de los ayuntamientos, de exponer la situación real y de obligar al Estado y a la autonomía andaluza a que acudan en su ayuda financiera. Mientras más tiempo pase mayor será el problema porque ya no hay licencia que dar ni suelo que vender; bueno, vender sí, que te lo vengan a comprar esa ya es otra cuestión.
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