Una valla de 27 kilómetros, a ambos lados de la carretera N-483, entre El Rocío y Matalascañas, que observan con asombro los miles de veraneantes de la zona estos días, ha provocado un duro enfrentamiento verbal entre el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y la Junta de Andalucía, administración impulsora de la medida desde la mano ejecutara de la Consejería de Obras Públicas pero por petición y decisión expresa de la de Medio Ambiente para proteger de los atropellos al lince ibérico. El tema, curiosamente, había sido abordado en el Consejo de Participación de Doñana, que engloba a muchísimos representantes, y tan sólo la Federación Andaluza de Caza había mostrado su oposición a la iniciativa. Luego, cuando se ha visto el efecto paisajístico y la concepción fronteriza de auténtico muro insalvable que presenta, ya se han levantado distintas voces en contra, hasta el extremo de que los mismos ecologistas, a través de la asociación Ecologistas en Acción, también han manifestado su oposición ante la dichosa valla.
Cuando el Parque Nacional de Doñana estaba bajo la competencia de la Administración Central, y más si está la gobernaba un partido de distinto signo político que en Andalucía, pues cuestiones de este tipo estaban a la orden del día. Ahora, una vez que todo ha quedado bajo la soberanía de la Junta de Andalucía, la verdad es que enfrentamientos de este calibre ante la opinión pública y por cuestiones menores no se entienden. Y eso que el Parque se ha dotado de nuevos órganos de representación y de asistencia para abordar todas las cuestiones que afecten al paraje natural protegido. Si después de todo esto se falla en temas de poco calado, aunque de gran aparatosidad pública porque la valla trasmite a la ciudadanía que transita por la zona, una forma de entender la protección total y cerrada a cal y canto del parque, es porque a lo mejor sigue fallando, como antaño, la concepción que desde los despachos oficiales se tiene de la defensa y conservación de este espacio natural que afecta a una gran comarca natural pero a municipios de tres provincias colindantes.
Tenemos la suerte, además, de poder contar con unos observadores privilegiados cuando se abordan las cuestiones de Doñana. Desde que Felipe González, en su primer mandato como presidente de Gobierno, se decidiera por alojarse en Las Marismillas, en el centro de la reserva natural, para disfrutar de sus vacaciones hemos tenido la suerte de sus respectivos sucesores también se han ido enamorando de esta naturaleza privilegiada, desde el mismo José María Aznar hasta estos días José Luís Rodríguez Zapatero, quien disfruta con su familia de las maravillas naturales de la zona también de las playas vírgenes que van desde Matalascañas a la desembocadura del Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda. Teniendo huéspedes tan ilustres, que proyectan a Doñana tanto a nivel nacional como internacional, debates de este calado entre administraciones deberían cuidarse mucho más porque en nada favorecen este consenso real que existe en la sociedad y entre las administraciones por conservar y proteger el paraje al máximo.
Siempre he escrito que los grandes problemas que se han dado con Doñana parten de esa concepción cerrada que a veces se da en los gestores públicos de creerse únicos valedores del Parque, olvidando que éste existe y ha permanecido porque sus moradores, los pobladores de los municipios colindantes, han sido desde hace siglos sus primeros protectores. Hacer cosas, impulsar iniciativas, como esta valla carcelaria, como si de un ‘guantánamo’ se tratase, en línea con lo dicho por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, no integra al Parque Nacional de Doñana con su entorno sino que más bien marcan unas fronteras, horribles desde el punto de vista estético y paisajístico, que dividen y separan. Es verdad es que a los linces hay que protegerlo, ahí en esa carretera y en las de Villamanrique, Bonares, Mazagón o Rociana, lugares donde la especie busca su hábitat natural de caza para sobrevivir como fauna carnívora que es. Hacerlo con una valla de estas dimensiones, ya es otro cantar.
Se hace necesario mantener el máximo de consensos en torno al Parque Nacional de Doñana. Un lugar tan privilegiado como excepcional, que acoge a mandatarios nacionales e internacionales, que además cuenta con una protección altísima en su interior, no debe verse envuelto en polémicas tan agrias como esta de estos días y menos por el vallado de una carretera tan transitada como la que une El Rocío con Matalascañas. Hay que volver a la línea de consenso, máxime cuando quedan cuestiones de tanto calado como la propia circunvalación de la aldea y la ampliación de los carriles que hacen interminables y agotadoras las tardes de muchos domingos a miles de veraneantes, con el consiguiente efecto medioambiental del consumo innecesario de litros y litros de carburantes. La Junta de Andalucía siempre ha esgrimido para acoger en su seno las competencias de los parques naturales que su proximidad al territorio le hacía mejor conocedora de la problemática que pudiera afectar a estos espacios protegidos. Las decisiones adoptadas con este vallado han dejado en evidencia que, al menos, con Doñana esto no es cierto y que también se mete la pata cuando no se escucha a quienes en verdad sí están cerca y viven junto y para el Parque porque este ha sido el mandato que han recibido de sus antecesores. El alcalde de Almonte, aunque haya tenido que cantar las cuarenta a gobernantes de su propio partido, tiene la responsabilidad de hablar en nombre de su pueblo y si es con menos exposición pública pues mejor que mejor.
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