He rebuscado en la hemeroteca y nunca, nunca, se había producido una respuesta tan minoritaria de la ciudadanía a una convocatoria formulada desde toda la clase política, sindicatos y organizaciones empresariales como la que se ha dado hace unos días, en Madrid, tras el atentado terrorista que le ha costado la vida a dos jóvenes guardias civiles. Los periódicos sitúan la asistencia media entre cuatro y seis mil personas, cifra muy distinta a la que se dio cita semanas antes en la misma capital de España ante una cita promovida por la Asociación de Víctima del Terrorismo (ATV) y en la que los manifestantes se contaban por muchos cientos de miles. No sé si lo ocurrido, insisto, sin precedente en toda la historia de la democracia española, ha hecho reflexionar a la clase política en general porque no hay duda alguna de que se ha abierto una brecha importante entre lo que piensa y hace la ciudadanía y lo que hacen y dicen los políticos, pues no es la condena unánime al terrorismo lo que ha cambiado, en unos días, entre ambas convocatorias. Los ciudadanos, por razones que deberían de ser analizadas, no comulgan con muchas de las actitudes de la clase política española y optaron esta semana por no acompañarles en la calle y dejarlo, como quien dice, más solas que la una porque sólo con los escoltas y asesores que acompañaban a los políticos ya se cubrían las cuatro o seis mil personas de las que se ha escrito como únicos asistentes. Un palo en toda regla, que no existe antecedentes ni que creo que nadie pudiera predecir.
¿Por qué ocurre esta disfunción entre políticos y ciudadanía? Tengo la impresión, por lo que hablo con muchas personas de a pie, que las inquietudes y temáticas que interesan y de la que discuten los políticos a diario en los medios de comunicación andan muy alejadas, alejadísimas diría yo, de la que tienen, sienten y padecen los ciudadanos, las familias españolas y onubenses. Basta con repasar estos días las reacciones que se han producido ante lo que ya anunciábamos la semana pasada, en esta misma esquina de página, que las cifras del paro se iban a incrementar notablemente en la provincia con respecto al mismo mes del año anterior, como pensamos que seguirán ocurriendo de forma constante, desgraciadamente, en las próximas estadísticas. O lo que se ha dicho y analizado para la economía onubense del dato supernegativo de la inflación por encima del cuatro por ciento que arrojó el mes de noviembre y que también se repetirá en este mismo mes de diciembre. No se habla nada, no se plantea nada, es más, y eso sí que me preocupa todavía más, sindicatos y organizaciones empresariales de Huelva siguen sin reaccionar y hemos tenido que ver como el presidente de AIQB, Gerardo Rojas, se tiene que machar a Sevilla a ofrecer una rueda de prensa para alertar de la inseguridad jurídica que rodea su actividad en la provincia de Huelva, tal vez como el último recurso para que su voz llegue con más facilidad, por lo menos sí con más cercanía, a los despachos oficiales principales de la Junta de Andalucía porque lo que es aquí, en nuestra provincia, la delegada provincial de su ramo no sabe más allá de jugar con proyectitos empresariales o iniciativas de supuestos I+D+I, aparte de ferias de juguetes con ordenadores (estoy seguro, además, que desconoce la empresa onubense que más negocios ha generado desde un dominio web y más clientes y visitas tiene en sus páginas a diario, empresa a la que además el fondo de capital riesgo de su consejería le ha denegado apoyo inversor porque consideraba la actividad como no ‘estratégica’ y eso que da empleo todos los meses a más de cien personas).
Cada vez más me percato de este alejamiento entre el mundo oficial y la calle, un divorcio que puede deparar, como ya paso en las pasadas elecciones, una elevada abstención en la cita electoral del 9 de marzo, en autonómicas y generales. He venido escribiendo mucho las últimas semanas de la situación económica de la provincia porque considero que se hace urgente atajar la sangría de empleo que se ha producido y la que se va a producir y porque, además, lo malo de una crisis económica no es que llegue, porque entrar muchas veces por factores externos, sino que no sepamos ni tengamos claro como atajar sus efectos. Y en Huelva lo que se viene diciendo, que es poco, de su clase dirigente está tan alejado de la realidad social que cada día me produce más temor y preocupación. Fíjense ustedes que desde el mes de mayo hemos venido aumentando, mes a mes, y siempre de manera creciente, en cerca de 3.000 el número de trabajadores en paro, un 10% en cifras totales, y en esta provincia nadie se inmuta, es más se tiene puesto el cerco sobre tres empresas del sector químico para que las tres puedan caer de una sola vez y todo parece muy normal. O veo como el secretario provincial de organización empresarial de la construcción se reúne con autoridades senegalesas para regular el flujo migratorio para su sector (a lo mejor porque sus empresarios ven mejor que otros el resurgir inmediato de las ventas de pisos) cuando ya tenemos a más de 4.661 trabajadores de la construcción en el paro y 1381 de los desempleados en general son extranjeros, y eso que no están contados los muchos inmigrantes irregulares que nos trasladan desde Canarias y que andan deambulando, desorientados y olvidados por las calles de muchos pueblos de la provincia. Juro, por todo ello, que no entiendo nada. Y me sigo manteniendo en mis impresiones de la calle, lo que viene no pinta nada bien y Huelva, mucho me temo, que tiene una clase dirigente, que vive muy bien y de espaldas a la realidad, e incapaz de movilizar los recursos para afrontar esta crisis y tal vez por ello seremos de la provincia más castigada por los efectos de un mal momento económico. El tiempo nos lo dirá.
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