“Donde dije digo, digo diego”. No hay como echar mano del refranero para actualizar lo escrito en la columna del pasado lunes en esta misma página de EL MUNDO Huelva Noticias con ocasión de la manifestación convocada por el sindicato socialista UGT para este 19 de febrero en apoyo a las familias de la industria de Huelva. Consideraba en ese día que la fecha elegida era totalmente inoportuna y que, posiblemente, podría ser hasta innecesaria porque no existía en el horizonte próximo un problema de inseguridad jurídica que pudiera poner en riesgo su actividad, en especial a las empresas instaladas en la Avenida de Federico Montenegro y que el problema surgido con la sentencia dictada a favor de la Dirección General de Costas y en contra de Fertiberia para que pueda seguir vertiendo los fosfoyesos en la Marisma de Mendaña, como viene haciendo desde hace años, tiene solución en el campo de juego de los gobernantes socialistas que dirigen por el momento –ya veremos sí también después de las elecciones del 9 de marzo- las dos administraciones, Central Autonómica, que resultan competentes en cuanto al plazo final que se le otorgara a esta empresa para que pueda reconducir su fabricación actual en la planta de Huelva. Además, la fecha elegida para la manifestación, en plena campaña electoral, y cuando existen serias discrepancias con la otra central sindical, CCOO, no favorecía un punto de encuentro en algo tan trascendental para esta provincia, y más con el sombrío panorama económico que ya todos padecemos, como es el futuro del sector industrial, no sólo ya el que pueda estar ubicado en la Punta del Sebo sino al de toda la provincia y en sus más diversas facetas.
Cuando escribía este planteamiento no contaba con más datos objetivos que los conocidos por todas las partes. En cuestión de horas, la presentación por parte de los nuevos propietarios extranjeros de Nilefos (la antigua Rhodia), ante la Delegación de la Consejería de Empleo dependiente de la Junta de Andalucía, de un expediente de extinción del cien por cien de los contratos por el cese de su actividad productiva en Huelva ha hecho moverse muchos pronunciamientos en relación con la convocatoria efectuada por UGT para este 19 de febrero. Y también, por supuesto, el ya escrito por nuestra parte. Sigo considerando que la manifestación es inoportuna por la forma en que se ha llevado pero que dada la circunstancia dada se hace ahora más que nunca absolutamente necesaria. Obligación de la central sindical socialista y de sus dirigentes es hacer de esta manifestación una referencia de consensos generales y no un arma arrojadiza a utilizar, ante la gravedad de un cierre empresarial de esta magnitud en la provincia de Huelva, para que en el mismo seno de la manifestación puedan darse situaciones divergentes y hasta enfrentadas. La propia Asociación de Industrias Químicas y Básicas (deberían ya de incluir también el concepto de energéticas por el perfil de algunas de las nuevas empresas que se han integrado últimamente en la misma) se ha sumado a esta manifestación y eso que quien plantea este cierre inesperado de una actividad productiva, hace tan sólo una semana, es un miembro de la misma, lo cual en cierta forma no deja de ser en si mismo un contrasentido. Explicable en un contexto general pero en el fondo y si analizáramos sólo el caso de Nilefos de una contradicción manifiesta.
Por ello considero que seria muy sensato, aunque difícil desde la circunstancia de los trabajadores afectados de una manera directa, separar en esta manifestación del 19 de febrero la situación planteada por la propiedad de Nilefos, que tiene un cauce de momento administrativo que habrán de lidiar los responsables de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía (y experiencia reciente tuvieron ya en la provincia de Cádiz con el cierre de otra empresa propiedad de una multinacional), con la defensa global de todo el sector industrial, slogan principal y primitivo de la convocatoria hecha por la UGT. Es más, en pro de lo que hay en juego, la central sindical de CCOO debería de replantearse incluso su no asistencia ya manifestada y conocida por mantener serias discrepancias con UGT por las formas en la que se ha llevado esta iniciativa. Una voz unánime de todos los interlocutores sociales, y sin que se utilice este tema como arma arrojadiza ni entre partido ni entre los propios sindicatos, sería el mayor éxito de esta convocatoria. Ya tenemos ante nosotros un caso concreto y real de lo que puede suponer el cierre de empresas en la Avenida Federico Montenegro, pero el caso es también aplicable si se diera, y con este volumen, en otra cualquier ubicación industrial o empresarial de la provincia de Huelva. El momento económico es muy delicado, para el Gobierno de España que manejan José Luís Rodríguez Zapatero y Solbes, un simple bache; para otros muchos observadores, entre los que me incluyo, una coyuntura grave que costará sudores y lágrimas remontar si además no se acompañan con decisiones acertadas e inmediata desde la acción de los distintos gobiernos, tanto estatal como autonómico. El mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes debe ser un objetivo prioritario por parte de cualquier político que tenga una mínima responsabilidad social y para ello, como vengo diciendo desde hace meses, nos hace mucha falta una clase política con mayor peso en los centros de decisión que es donde se deciden las grandes inversiones y las actuaciones de localización de nuevas empresas, además de la influencia necesaria para que expedientes como éste de Nilefos se lleve con la atención, conocimiento y concentración que los más de 500 puestos de trabajo que peligran merecen. Los buenos navegantes saben que cuando te coge la tormenta, dosis de serenidad, sensatez y racionalidad son las mejores compañías y las que muchas veces te sacan a flote cuando el horizonte pinta negro. Esperemos que sea así.
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