Los números, las cifras, son tozudos. Al final, por muy buena cara que se quiera poner hasta en campaña, las cosas van cayendo por su propio peso. Ya no escuchamos de boca de dirigentes socialistas palabras como “especuladores” al referirse a los muchos empresarios inmobiliarios que hay, que había, en nuestra provincia. Ahora toca, siguiendo el guión pactado cuando desde la cabecera de la Junta de Andalucía se firmó hace unos meses el pacto por la vivienda, con empresarios y sindicatos, acudir a la foto oficial en la Diputación con los ayuntamientos para poner en marcha esas 12.000 viviendas de protección oficial en diez años (a una media de 1200 y en el conjunto de todos los pueblos de la provincia, que tan poco es para tirar cohetes…) Y digo que toca hacer la foto electoral desde el mismísimo momento en que se presenta al acto los candidatos socialistas, no ya a las autonómicas, que podría hasta admitirse y comprenderse, sino el cabeza de cartel al Congreso de los diputados por el PSOE, Javier Barrero.
Nadas tengo que objetar a su presencia, que eso, si es que le importa, es tarea de las demás candidaturas. Lo único que quiero señalar con este apunte es que los socialistas, al estar entre empresarios y sindicatos, en este pacto por las vivienda, también están admitiendo la tremenda crisis que ya sacude a este sector y que existiendo alertas encendidas –y escritas por este mismo columnista en sus comentarios de fines de semana en este periódico- es ahora cuando se empiezan a adoptar algunas medidas. Huelva ha dicho adiós, puede que por muchos años, al desarrollo y consolidación del turismo residencial y hotelero, tanto en el litoral como en el interior, al dejar pasar los mejores momentos del sector, con dos agravantes imperdonables: mientras el suelo subía y subía, haciendo grandes negocios sólo y exclusivamente los intermediarios, que no el clásico promotor inmobiliario, más de catorce planes generales de ordenación urbana de pueblos de la provincia han estado paralizados, retenidos, ralentizados o torpedeados en la Comisión Provincial de Urbanismo en manos del PSOE. A lo que habrá que añadir el daño, por la inseguridad jurídica creada, del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía y otras acciones puntuales de gran calado, como el propio destrozo que se ha hecho en Huelva capital a los proyectos de Isla Chica y el Ensanche.
Ahora se quieren poner paños calientes al enfermo y débil sector de la construcción en la provincia de Huelva, ahora que en unos meses empezará a dejar a muchos trabajadores en el paro y a muchas pequeñas y medianas empresas ligadas con el sector en una situación económica dificilísima. Bienvenida sean las 12.000 viviendas en diez años, que conste en diez años, de protección oficial pero el sector tiene otros males que conviene que sus representantes afloren, y mas estando en campaña, cuanto antes paras que los nuevos gobiernos en Andalucía y en España lo tomen con la seriedad e importancia que merecen. No sólo los miembros del G-1, compuestos por las catorce empresas más importantes a nivel nacional del sector, tienen problemas; también lo tienen muchos empresarios locales, de esta provincia, y si se van a abrir vías de financiación desde el Instituto de Crédito Oficial para los grandes que de la misma manera se dejen en las mismas condiciones para los pequeños.
Ha hemos visto a los socialistas bajar al tajo en la industria, aunque mal recuerdo existe en Cádiz con las promesas ya que 1.200 trabajadores de Delphi siguen esperando que desde la Junta se cumplan esa creación de puestos de trabajados alternativos anunciados; ahora los vemos junto al sector de la construcción y dentro de unos días, cuando se anuncien otros datos, pues ya veremos por dónde. Todavía no sabemos a ciencia cierta de ninguno de ellos cuál es el diagnóstico de nuestra economía provincial: ¿un bache?, como decía hasta hace poco Solbes; ¿unA desaceleración?, en línea con lo también reconocido por Rodríguez Zapatero en el debate; o ¿una recesión en cascada y cuesta abajo?, como aprecian las familias normales onubenses.
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